La Asamblea General de las Naciones Unidas reiteró este jueves por trigésima vez de forma inequívoca su posición contra el embargo económico de Estados Unidos a Cuba y pidió que se ponga fin a ese castigo unilateral.
La resolución de rechazo obtuvo este año 185 votos a favor, 2 en contra (Estados Unidos e Israel, ) y 2 abstenciones (Ucrania y Brasil).
Con su voto de hoy, Brasil fracturó por tercera vez la posición unánime de apoyo a Cuba de los países de América Latina y el Caribe. La primera fue cuando votó en contra durante la sesión de noviembre de 2019 y luego se abstuvo el año pasado junto con Colombia.
El texto adoptado reafirma, entre otros principios, “la igualdad soberana de los Estados, la no intervención y no injerencia en sus asuntos internos y la libertad de comercio y navegación internacionales, consagrados en numerosos instrumentos jurídicos internacionales”, exhorta a todos los Estados a abstenerse de promulgar y aplicar leyes y medidas que los contravengan, e insta a la derogación de ese tipo de medidas a quienes aún las impongan.
Asimismo, expresa preocupación por disposiciones reglamentarias, como la promulgada por Estados Unidos el 12 de marzo de 1996, conocida como “Ley Helms-Burton”, “cuyos efectos extraterritoriales afectan a la soberanía de otros Estados, a los intereses legítimos de entidades o personas bajo su jurisdicción y a la libertad de comercio y navegación”.
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Al explicar su voto, uno tras otro, los múltiples oradores de la sesión insistieron, a título nacional y como representantes de bloques de países, en el carácter ilegal del embargo, afirmando que constituye una violación flagrante y sistemática de la Carta de las Naciones Unidas, y exigiendo su levantamiento.
Los delegados destacaron el daño injustificado que el bloqueo inflige al pueblo cubano al privarlo de ingresos indispensables e insumos tan esenciales como los medicamentos.
De igual manera encomiaron al unísono la respuesta de Cuba al COVID-19 -que incluyó el desarrollo de vacunas contra el coronavirus-, y su solidaridad con otros países durante la emergencia sanitaria pese a sus limitados recursos.
La resolución A/77/L.5 se suma hoy a las 29 que se han adoptado desde 1992, cuando la Asamblea General empezó a votar anualmente sobre la cuestión, con la única excepción de 2020 a causa de la pandemia de COVID-19.