Exigen que Hidroituango debe estar en condiciones seguras | El Nuevo Siglo
Procuraduría
Miércoles, 9 de Noviembre de 2022
Redacción Nacional

El contralor general de la República, Carlos Hernán Rodríguez Becerra, consideró prioritario garantizar la seguridad de las comunidades ubicadas aguas abajo del proyecto Hidroituango antes de que inicie la generación de energía eléctrica. 

“Más allá de una dificultad que pueda existir, de una fecha determinada de entrada en operación, lo más importante para la Contraloría es la seguridad de las personas”, recalcó. 

La CGR ha manifestado a EPM que aunque se considera prioritario y de la máxima importancia que el proyecto inicie prontamente la generación de energía eléctrica con sus dos primeras turbinas, ello solo debe suceder bajo la premisa fundamental e indispensable de que lo haga una vez estén listas, probadas y aprobadas todas las obras civiles, electromecánicas y montajes necesarios y suficientes para garantizar una operación en condiciones seguras, estables, continuas y sostenibles. 


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El contralor Rodríguez Becerra indicó, además, que la eventual materialización de hechos sobrevinientes que sucedan en el proyecto Hidroituango será objeto de cuidadosa revisión y evaluación por parte la Contraloría General de la República, de cara a definir la necesidad de realizar alguna actuación de control fiscal y, si se precisa, la apertura de nuevos procesos de responsabilidad fiscal.   

Dijo que la Contraloría ha venido revisando en integralidad todo el proceso que tiene que ver con Hidroituango, está analizando los nuevos hechos que eventualmente han acaecido o se hayan presentado y, con base en ello y en la facultad que tiene este organismo de control, podría estar reabriendo nuevamente procesos que tienen que ver de manera directa con el tema. 

Desde marzo de 2022, la Contraloría Delegada para el Sector de Infraestructura ha venido realizando un Especial Seguimiento al proyecto Hidroituango, con el objetivo de revisar la adecuada inversión de los recursos recuperados, como consecuencia del fallo de responsabilidad fiscal proferido en septiembre de 2021, por valor de $4,3 billones.