Teniendo como eje fundamental la adopción de la renta básica que estará destinada para las personas que no alcanzan a pensionarse, el viceministro encargado de Empleo y Pensiones, Juan Carlos Hernández, presentó la reforma integral al sistema de protección a la vejez, basada en la propuesta del presidente Gustavo Petro. Esta reforma se radicará en marzo del año entrante en el Congreso.
La reforma propuesta, que se discutirá en un espacio tripartito de la comisión pensional conformado por el Ministerio de Trabajo, los gremios y los trabajadores, se basará en tres pilares: el pilar solidario con una renta básica correspondiente a medio salario mínimo legal vigente y que cobijará a las personas que no alcanzan a obtener una pensión; el contributivo, para las personas que devengan hasta cuatro salarios mínimos y harán sus aportes obligatorios al régimen de prima media administrado por Colpensiones, y el tercer pilar, para personas que tienen ingresos por encima de los cuatro salarios mínimos que hacen aportes adicionales al Régimen de Ahorro Individual de las Administradoras de Fondos de Pensiones y de Cesantías (AFP).
Ante esta propuesta, la ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez, ha dicho: “Es una reforma estructural, no es una reforma paramétrica. Lo que estamos buscando es cómo generar mayor cobertura, para que todos los adultos mayores que hoy están por fuera de la posibilidad de tener una vejez digna, tengan unos elementos que les permitan, a través del apoyo del Estado, liberar sus recursos y así potenciar una vejez con dignidad y que no vivan de la caridad de sus familias”.
Solidaridad
El viceministro Hernández Rojas dijo que “la reforma está pensada en la solidaridad y como enfoque en los derechos, no en la rentabilidad económica, en donde la dignidad del adulto mayor debe ser protegida por el sistema dándole un ingreso solidario y universal a la población”.
En el pilar solidario, se propone pagar una renta básica correspondiente a medio salario mínimo legal vigente ($500.000 a precios de 2022) a las personas que no alcanzan a obtener una pensión.
Esta es una las promesas de campaña que más ruido generó y que, de hecho, agremiaciones como Asofondos apoyan parcialmente, pues destacan el mecanismo de protección a la vejez, pero piden claridad y responsabilidad sobre la consecución de los recursos. Su temor es que las ayudas se financien con parte de los ahorros en los fondos privados.
En el pilar contributivo, que es el segundo eje de la reforma pensional, propone que los ciudadanos que ganen hasta cuatro salarios mínimos ($4 millones) sean obligados a realizar sus aportes al régimen de prima media administrado por Colpensiones.
- Le puede interesar: MinTrabajo instala subcomisión para la construcción de la reforma laboral
Más cotizantes
Desde hace meses se sabe que esta propuesta plantea que al engrosar la base de cotizantes de Colpensiones se reducirá el déficit en el régimen público ($14,8 billones en tan solo el 2021) y se reducirá el gasto en los subsidios de las megapensiones. La caja liberada ayudaría a financiar esas transferencias de $500.000 del primer pilar.
Según Asofondos, en Colombia hay 4,9 millones de personas en edad de jubilación y que no gozan de una pensión. Estas demandarían $29 billones al año por la transferencia monetaria que propone el presidente.
En el tercer pilar el Gobierno propone que las personas que tienen ingresos por encima de los cuatro salarios mínimos hagan aportes adicionales a las AFP. Este último punto también ha generado controversia, toda vez que los aportes van en contravía de la totalidad de recursos que deben obtener los contribuyentes para obtener una pensión con salario mínimo y que hoy rondaría los $235 millones en ahorros.
Las propuestas del Gobierno fueron presentadas durante la instalación de la subcomisión de reforma pensional.
Actualmente hay 1,5 millones de pensionados en Colpensiones que demandan un presupuesto de $46 billones. Entre tanto, en los fondos privados los pensionados son 264.967 personas y los aportes realizados por más de 18 millones de afiliados ascienden a $24,7 billones. Los cálculos preliminares apuntan a que los dineros de las personas que cotizan en el régimen de ahorro individual, y lo hacen por un valor menor o igual a cuatro salarios mínimos, serían de $23,7 billones.