A pesar de la violencia que amenaza el municipio de Florida, a inicios de septiembre un juez reconoció al resguardo Kwe'sx Yu Kiwe como víctima del conflicto armado interno y restituyó su territorio.

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A inicios de septiembre se emitió la primera sentencia étnica de restitución de tierras a comunidades indígenas en el Valle del Cauca. Diego Sossa Sánchez, juez tercero civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Cali, emitió la sentencia 057, que reconoce como víctima del conflicto armado interno al resguardo Kwe’sx Yu Kiwe, conformado por 1.838 personas, de 620 familias, de siete comunidades del pueblo nasa.

El fallo declara la restitución de 5.021 hectáreas de tierra al resguardo, así como otras medidas de reparación integral a la gente del pueblo nasa, que desde hace décadas ha sido víctima del accionar de grupos armados ilegales como la extinta guerrilla de las Farc o el M19, así como de la fuerza pública.

En la sentencia, el juez Sossa formuló 26 órdenes a diferentes entidades nacionales para “amparar y restablecer el goce efectivo de los derechos fundamentales al territorio y a la restitución de los derechos territoriales” de dichas comunidades.

Entre las órdenes está la constitución oficial del resguardo Kwe’sx Yu Kiwe, a cargo de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), en un plazo de dos meses, y la entrega material y jurídica del territorio en un plazo de sesenta días hábiles, por parte de la ANT, la Defensoría del Pueblo y la Unidad de Restitución de Tierras (URT), entidad que está al frente de todo el proceso y que es la apoderada de la comunidad. 

Esta decisión judicial se socializó el miércoles pasado en un evento al que asistieron representantes de entidades estatales, así como miembros de las diferentes comunidades indígenas y sus gobernadores.

José Arvey Ipia Medina, gobernador mayor del resguardo, aplaude este fallo a favor del pueblo nasa, que era un reclamo de sus líderes desde 1997.

“Para nosotros es muy representativo porque es una lucha y un sueño de nuestros mayores, de hace 27 años, que iniciamos y nos organizamos como cabildo, y empezamos el proceso para la constitución del resguardo”, dijo Ipia. 

De acuerdo con el gobernador, esta sentencia se traduce en “la reparación de los daños ocasionados por los distintos actores armados” en sus territorios, las afectaciones a sus sitios sagrados, la reparación de las muertes a sus líderes, los desplazamientos y bombardeos.

“Son 26 artículos que vienen en defensa de nuestro territorio. Para nosotros es muy satisfactorio recibirla. La gratitud a todas las instituciones por su labor”, indicó

Por lo menos desde 1985, y al igual que otros pueblos indígenas en Colombia, las personas de este resguardo han sufrido hostigamientos, desplazamientos forzados, confinamiento, despojo y homicidios selectivos (especialmente de líderes, autoridades indígenas y médicos tradicionales), así como reclutamiento forzado de niños y adolescentes, desaparición forzada, accidentes con minas antipersona, deterioro de sitios sagrados como los ‘the wala’ y las quebradas, lo que ha afectado su relación de equilibrio con el territorio y por ende su permanencia tanto física como cultural.

Por ello la importancia de esta sentencia. En palabras de Sally Mahecha, directora de Asuntos Étnicos de la URT, “uno de los mayores logros es que luego de más de 20 años de este proceso, ya se haya constituido el resguardo y que las comunidades tienen la seguridad jurídica de que tienen un título colectivo de su territorio". 

“Hoy están reconocidos como resguardo, como territorio. Una cosa es que ellos estén acá y que digan que este es su territorio ancestral, y otra es que tengan un documento (un acta de la ANT) que lo valide y que esté registrado en la matrícula inmobiliaria; o que en caso de que cualquier persona que venga a comprar un predio, aparezca en la matrícula que eso es resguardo y como tal, es inembargable, imprescriptible e inalienable; o sea, sale del comercio”, explicó Mahecha.

Otra de las órdenes judiciales está dirigida a la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (Uariv), y tiene que ver con la formulación de medidas integrales de reparación y planes de retorno al territorio.

Por ello, José Arvey Ipia les pide a las instituciones que “se comprometan a garantizar el retorno de las familias y que tengan todas las condiciones necesarias para producir en sus parcelas”, pues muchos permanecen desplazados y viven en el casco urbano de Florida, en Cali u otros departamentos del país.

“Ellos tienen toda la voluntad de volver al territorio. Y para nosotros es una alegría que esta sentencia nos esté dando la ruta para el regreso de nuestra población”, señaló el gobernador indígena.

Según el juez Sosa, el proceso judicial no fue sencillo y durante estos cinco años hubo “dificultades mayores”, algunas relacionadas con el “acopio probatorio, las inspecciones judiciales o la recopilación de testimonios”, pero ello no fue un obstáculo para emitir un recurso judicial en beneficio de las comunidades indígenas.

"La mayor importancia de la sentencia es la visibilización de las minorías étnicas en Colombia. Estamos demostrándoles que la institucionalidad sí funciona. Las instituciones están hechas para prestar un servicio y es lo que hemos hecho a través de la Rama Judicial, visibilizando las problemáticas de la comunidad indígena como los Kwe’sx Yu Kiwe, constituyendo el resguardo que ellos necesitaban y vertiendo sobre sus necesidades todas las necesidades para suplirlas”, indicó. 

Por otra parte, señaló que entre los elementos a considerar para tomar su decisión estuvieron “la territorialidad que (los nasa) manejan aquí, la ancestralidad que tienen allí desde hace mucho tiempo, el dominio del territorio, las pruebas que aportó la URT, así como las pruebas recopiladas en el expediente”.

“Violencia y temor”

Pero no todo son buenas noticias. A pesar de este histórico fallo, la comunidad indígena expresó su temor por posibles represalias por parte de grupos armados.

“Por una parte estamos contentos porque hemos recibido dos noticias muy importantes, pero nos trae una preocupación muy inmensa porque nuestras comunidades están en la parte alta, son cordilleras, y no es desconocido que son los corredores de los actores armados”. 

Ipia señaló que ellos tienen conocimiento de la presencia de grupos armados en la parte alta de la montaña y que hay una preocupación grande por la llegada de otros actores ilegales a su territorio.

“Ellos vienen reprimidos de acuerdo a lo que le viene pasando a nuestros hermanos indígenas del Cauca, porque allá están asentados los grupos en esa jurisdicción y la Guardia Indígena está haciendo un despliegue. Esos sectores (armados) están corriéndose hacia este territorio. La preocupación es que sí van a llegar acá. Estamos muy temerosos de que nuestra juventud sea la primera afectada porque va a ser la primera en ser reclutada”, agregó. 

Según relató Ipia, tanto él como varios líderes del resguardo ya han recibido “varias advertencias” y amenazas.

“Uno es positivo y cree en nuestros espíritus mayores, que nos están cuidando y quiera Dios que no nos pase nada, pero hay temor porque no estamos en un buen ambiente de orden público”, dijo. 

Los dirigentes indígenas han estado denunciando ante la Personería y la Defensoría del Pueblo varios hechos que han venido sucediendo, por lo que esperan “que no se queden ahí y que empiecen a mover las gestiones”.

Ante esto, Sally Mahecha dijo que se están gestionando "articulaciones" con la Unidad Nacional de Protección (UNP), como una orden específica para la protección colectiva de comunidades y líderes, por ejemplo, o el fortalecimiento de la Guardia Indígena. 

"Ellos no van a estar solos, van a seguir siendo acompañados. Que no sea solo el pueblo indígena hablando con las entidades, sino el pueblo indígena apoyado y acompañado siempre por los abogados, la Dirección Territorial y de Asuntos Étnicos, solicitando ante las entidades el cumplimiento de las órdenes", concluyó la directora.

Otras órdenes tras la sentencia

Junto con la restitución y reparación, la sentencia también le ordenó (a la Fiscalía General) investigaciones penales por los hechos ocurridos contra la comunidad indígena y la exhumación de fosas comunes que están en el territorio del Cabildo. Aunque el juez habla de dos, el gobernador indígena señala que son al menos seis.

Igualmente, le ordenó a la UNP realizar una evaluación de la situación de riesgo y seguridad de los líderes del cabildo Kwe’sx Yu Kiwe, así como la construcción de una estrategia de protección, mientras que a la Dirección para la Acción Integral contra Minas Antipersonal (Daicma) y a la Alta Consejería para la Estabilización y la Consolidación (Ministerio para el Posconflicto, en la sentencia) se le ordenó priorizar acciones de desminado humanitario en el territorio mencionado.