Desde el 2016, cuando el anterior Gobierno coincidió en la necesidad de reformar el Sistema General de Participaciones (SGP), el respectivo proyecto ha tenido constantes trabas para salir adelante en el Congreso. El mecanismo, que está establecido en el artículo 356 de la Constitución Política, no ha contado con el respaldo mayoritario en las bancadas, retrasando algunas disposiciones clave para el desarrollo de los departamentos y municipios.

Vale aclarar que con los dineros dispuestos en el SGP desde el Gobierno central, las alcaldías y gobernaciones financian proyectos que mejoren la prestación de la salud, la educación y los servicios públicos de agua potable y saneamiento básico.

El presidente Duque en la presentación del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, manifestó la necesidad de transformar el Sistema para “una mayor asignación de recursos así como una mejora sistemática en los criterios de asignación y fórmula de distribución de las transferencias”.

No obstante, la mayoría de las bancadas en el Congreso no se han puesto de acuerdo acerca de algunos proyectos de reforma constitucional que en este sentido se han radicado.

Cabe recordar que el primer proyecto presentado en el lapso señalado fue en septiembre de 2017, liderado por la entonces senadora Claudia López. Aunque los integrantes de la Comisión Primera de Senado apoyaron la propuesta constitucional en su primer debate, no volvió a ser tenida en cuenta y fue archivada por vencimiento de términos.

De igual manera, otras cuatro iniciativas se hundieron en el actual Congreso, entre ellas una que no alcanzó a ser discutida en comisiones, y otra que fue retirada por el presidente Duque, quien sostuvo que la administración Santos dejó un déficit de $14 billones.

Sin embargo, existió un proyecto que estuvo a punto de superar la primera vuelta legislativa y que contó con ponencia positiva a cargo del senador Roosvelt Rodríguez (Partido de la U) en el primer semestre de 2018. Si bien recibió el respaldo del Senado y de la Comisión Primera de Cámara, cuando surtía el cuarto debate de su trámite en la Plenaria, fue votado negativamente y por ende fue archivado.

Recientemente, la Comisión Primera de Cámara aprobó en primer debate una nueva proposición que dotará al Sistema de unos recursos mínimos para así impedir que su aumento sea menor a la tasa de inflación causada en el año anterior. Sin embargo, el proyecto tiene el tiempo en su contra porque debe surtirse la primera vuelta en este periodo, que finaliza el próximo 16 de diciembre, y pasan los días sin que sea agendado en la plenaria de esta Corporación.

EL NUEVO SIGLO habló con los directores ejecutivos de la Federación Colombiana de Municipios (FCM) y la Federación Nacional de Departamentos (FND), quienes explicaron los ajustes que desde la visión de las regiones debería tener la reforma al SGP.

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Prioridad de pospandemia

El director ejecutivo de la FCM, Gilberto Toro, hizo un llamado a los congresistas a que se dé prioridad al proyecto que está en curso para que ojalá las nuevas disposiciones se implementen en el primer semestre de 2022.

“Antes de la pandemia habíamos avanzado un poco con Planeación Nacional y con el Ministerio de Hacienda en este tema, pero con las cuarentenas se paralizó ese proceso de diálogo. Lo que sí consideramos es que el proyecto debe tramitarse lo más pronto posible porque los municipios han avanzado en coberturas importantes, en educación, en salud, en servicios públicos y en todas las competencias que establece la Ley 715 de 2001”, manifestó el Director de la FCM.

Toro señaló que falta concretar mesas de trabajo con las alcaldías y comunidades para que se conozca la nueva reglamentación que tendría el Sistema. “Hay que entender y hay que regular las participaciones en función de las potencialidades y las capacidades del desarrollo de los diferentes municipios. Vale aclarar que no todos los municipios del país son iguales”, precisó.

Si bien consideró que la pandemia generó grandes retos para el gobierno de Iván Duque, el director Toro advirtió que una vez se supere esta situación “habrá que llegar a mirar qué vamos a hacer con el tema de las participaciones porque los municipios tienen muchas competencias, muy pocos recursos. No se ha hecho tampoco una reforma tributaria territorial que se requiere para darle más autonomía, más posibilidades y más herramientas a los municipios para que generen sus propios recursos. En este sentido, hay mucho por hacer”. 

Misión descentralización

De otro lado, el director ejecutivo de la FND, Didier Tavera, mencionó que la reforma al SGP “ha sido una de las prioridades para lograr una verdadera descentralización y autonomía, pues es este Sistema el que sostiene y mantiene las transferencias para el cumplimiento de las obligaciones y competencias de los departamentos y municipios, y saldar la deuda histórica después de 30 años de la Constitución de 1991”.

Asimismo, manifestó su expectativa acerca de lo que pueda pasar con el nuevo proyecto de ley que fue elaborado en la reciente cumbre de seguridad de gobernadores y alcaldes, “en donde discutimos sobre la importancia del desarrollo social; además se presentaron otras propuestas de modificación, las cuales se espera sean discutidas en esta o en la próxima legislatura”, indicó.

Adicionalmente, Tavera declaró que para que la reforma al SGP sea una realidad se pondrá en marcha una nueva misión de descentralización, “que dará insumos fundamentales para encontrar una fórmula mucho más equitativa de transferencia y que corresponda a las obligaciones que actualmente tienen las entidades territoriales”.

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Percepción del Congreso

Este Diario dialogó con los ponentes en Senado y Cámara del proyecto de reforma al SGP que está en marcha, uno de ellos el representante León Fredy Muñoz, quien espera que esta proposición sea discutida por el Congreso en lo que resta del 2021.

“El Gobierno nacional no ha dado una solución al asunto de déficit fiscal territorial, ausencia de recursos en las entidades territoriales y disminución progresiva y prolongada del Sistema General de Participaciones, pero se insiste en la iniciativa que se ha venido gestando y que busca que departamentos, distritos y municipios cuenten con los recursos mínimos para cumplir sus funciones”, dijo Muñoz.

En tanto que el senador Roosvelt Rodríguez consideró que la pandemia, al igual que las demoras en la implementación plena del Acuerdo de Paz y la migración de venezolanos, derivaron en el empobrecimiento de las regiones más apartadas del país.

“Estos hechos conllevan a un mayor empobrecimiento de las regiones, especialmente de aquellas que tienen mayores responsabilidades en estos aspectos, viendo deterioradas gravemente la prestación de los servicios fundamentales como la educación, la salud y saneamiento básico”, explicó.