La Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF) publicó un informe que contiene diagnósticos, análisis, propuestas y metas potenciales en los sectores más importantes para Colombia en el corto y mediano plazo. El más reciente trata tres temas clave: el desarrollo del campo, la necesidad de avanzar hacia un sistema judicial eficiente y el cierre de brechas sociales en términos de desigualdad y pobreza.

Desarrollo del campo

De acuerdo con la ANIF el problema fundamental de la agricultura familiar radica en el bajo acceso a activos productivos. Según la Encuesta de Calidad de Vida (ECV), el 63 % de las familias no cuentan con activo alguno; 36 % cuenta con el principal activo productivo, la tierra.

Las carencias de los hogares rurales, en términos de las dimensiones del Índice de Pobreza Multidimensional (IPM), son más altas para: trabajo informal, bajo logro educativo, falta de acceso a fuentes de agua mejorada, inasistencia escolar y trabajo infantil.

Existe una alta informalidad en la tenencia de tierras. Según el Censo Nacional Agropecuario, el 50 % de las Unidades de Planeación Agrícola (UPA) cuentan con un título formal de propiedad. Lo anterior limita el acceso al crédito y la asistencia técnica (menos del 10 %).

La tierra en Colombia está altamente concentrada (Gini entre 0,8 y 0,9). Existe una significativa coincidencia entre las zonas más pobladas y desarrolladas con las tierras menos productivas. Por el contrario, las zonas rurales dispersas, con bajas oportunidades de generación de ingresos estables, cuentan con los suelos en mejores condiciones.

Existe un porcentaje importante de tierras con vocación agrícola que se usan para ganadería extensiva. Según el censo: de los 22 millones de hectáreas aptas para la producción agrícola, entre 5 y 7 millones cumplen tal fin. En cambio, se estima que solo 15 millones de hectáreas son aptas para la ganadería, pero alrededor de 34 millones se destinan a pastos y herbazales.

Dentro de las propuestas para lograr un campo colombiano con inclusión social y productiva está la de fomentar la asociatividad y la formación de cooperativas entre agricultores para generar economías de escala, sinergias y externalidades positivas (reducir y abaratar trámites de asociatividad). Del mismo modo, mejorar el acceso a mercados domésticos e internacionales como mayor infraestructura vial, de comunicaciones y con la reducción de barreras arancelarias y no arancelarias.

También implementar un registro de las familias agricultoras, una especie de Sisbén rural, de fácil diligenciamiento. Y diseñar programas de transferencias, subsidios y acompañamiento específicos para las familias que desempeñen actividades agrícolas.

Por último, fortalecer el fondo de tierras de la Agencia Nacional de Tierras para el otorgamiento de predios a las familias que lo requieran, además de diseñar subsidios y líneas de crédito para la compra de estos para la producción agro. Y duplicar el número de líneas de crédito para el apoyo agropecuario.

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Reformas para una rama judicial eficiente

Pese a los grandes recursos que destina el país a su sistema judicial (cerca de un 1 % del PIB en 2018, que representa poco más del 4% del Presupuesto Nacional), los indicadores de eficiencia son muy bajos. Eso se debe, entre otras razones, a que alrededor del 90 % de los recursos se van en gasto en el sistema judicial y poco en infraestructura y modernización.

La demanda por servicios judiciales es significativamente alta y los egresos de los procesos son bajos. Lo anterior explica la acumulación de inventarios, que alcanzó los 2 millones de procesos en 2021, señal del rezago de la capacidad de evacuación de procesos.

El tiempo promedio de evacuación de los procesos es muy alto comparado con otros países. En 2018, procesos civiles y familiares escriturales (primera instancia): 484-642 días (1,3-1,8 años); orales: 339 días (0,9 años). Procesos ejecutivos hipotecarios: promedio de 563 días (1,6 años). Procesos laborales: promedio de 366 días.

Los últimos monitoreos mostraron que tan solo el 32 % de los procesos penales cumple con los tiempos legales. Hay cerca de 5.700 jueces (vs. 3.800 en 1995), lo que deja el número de jueces en 11/100.000 habitantes, muy por debajo del promedio de la OCDE de 65 jueces/100.000 habitantes.

Dentro de las propuestas se encuentra que para solucionar el “choque de trenes” entre las Altas Cortes, se propone declarar, de jure y de facto, a la Corte Constitucional como órgano de cierre.

Situar a la CC por encima de las otras Cortes, en cuanto a la interpretación de la protección de los derechos fundamentales inherentes al Estado Social de Derecho, es el ordenamiento lógico para cumplir con el mandato de la Constitución. Eso, además, ayudaría a reducir las discrepancias creadas por las tutelas vs. sentencias.

En los casos en los que haya jurisprudencia disonante entre las Altas Cortes, se deberían habilitar canales directos de comunicación, de modo que se facilite llegar a consensos.

Incluso, podrían conformarse “salas ad hoc de conciliación” entre los tribunales (como ocurre con el Senado y la Cámara), de modo que no queden en firme fallos contradictorios.

Desigualdad y pobreza

De acuerdo con el diagnóstico de la ANIF, el país muestra unas cifras de pobreza monetaria y multidimensional significativas. La pobreza por ingresos en 2021 se ubicó en 39,3 % (19,6 millones de personas) y la multidimensional en 16,0 %.

La desigualdad del país es una de las más altas en América Latina. El coeficiente de Gini se ubica en 0,52. La pobreza la sufren con mayor rigor los jóvenes, las mujeres y la población con menores niveles educativos.

Para 2021, dentro del segmento poblacional jefes de hogar, la pobreza total nacional alcanzó el 36 % para hombres, mientras que llegó al 42,9 % para las mujeres. Altas brechas entre ciudades y departamentos: ciudades como Quibdó (64,8 %) y Riohacha (56,6 %), duplican la pobreza de otras como Medellín (27,6 %) o Cali (29,3 %). En el caso departamental, La Guajira con 64,7 % o Chocó (63,4 %) están muy por encima de Cundinamarca (22,8 %) o Antioquia (29,3 %).

La ANIF aconseja aplicar políticas macroeconómicas que garanticen niveles altos de crecimiento y de empleo, así como orientar la política social y los incentivos para disminuir las diferencias sociales entre grupos y regiones. En este frente es necesario: crear el fondo de desarrollo regional con un programa de alta gerencia contra la pobreza que acompañe y priorice a los departamentos y municipios más rezagados. Además, implementar pruebas piloto que rápidamente se puedan escalar a nivel del país. Finalmente, tener una mayor cobertura, calidad y menor deserción educativa de los jóvenes de sectores populares.