Un primer paso dio el Gobierno ayer en su intención de que funjan como gestores de paz y, como consecuencia recuperen la libertad, personas en la cárcel señaladas por graves delitos en las protestas sociales del año pasado, al expedir el decreto que crea una comisión que entre sus funciones tendrá recomendar al presidente Petro la admisión o exclusión de ciudadanos para esa función. 

Sin embargo, el respectivo decreto dejó algunas dudas, como al fiscal Francisco Barbosa, que pidió al Gobierno explicar a qué se refieren con “voceros”.

El presidente Petro anticipó el pasado 3 de diciembre que “centenares de jóvenes detenidos por participar en protesta serán declarados gestores de paz antes de Nochebuena en Colombia”. 

Antes de este anuncio el Gobierno había manifestado la intención de ayudar a revisar la situación jurídica de algunos casos para que recuperaran la libertad jóvenes en prisión condenados o imputados, supuestamente, sin las suficientes pruebas que demostraran su responsabilidad en los violentos desórdenes que se produjeron en las protestas sociales del año pasado, después de que el gobierno Duque radicó una reforma tributaria que, entre otros, gravaba productos de la canasta familiar.

No obstante, la administración Petro decidió tomar otro camino para lograr la liberación de algunos de estos jóvenes, que vale recordar fue una de sus promesas de campaña, como es acudir a la figura del gestor de paz, la cual ya habían implementado los gobiernos de Iván Duque, Juan Manuel Santos y Álvaro Uribe.

Sobre el particular el ministro del Interior, Alfonso Prada, aseguró la semana anterior que “tenemos varios mecanismos que nos entrega la ley. Primero la 418 con los gestores de paz y segundo la Ley 2272, recién expedida, como voceros del presidente de la República para resolver problemas de conflictividad social en el marco de la paz total y de la seguridad humana”.

Agregó Prada que “aquí no existe amnistía, no existe indulto, no existe perdón judicial, es una medida simplemente transitoria que nos permitirá utilizar de la mejor manera posible a los líderes juveniles que en medio de la protesta tuvieron un comportamiento que fue censurado por la justicia, y que nos va a permitir con ellos pacificar el país, hacer una gran contribución a la convivencia ciudadana y a la paz”. 

Enfatizó que “cada  uno tendrá que seguir respondiendo ante la justicia por cada uno de los hechos en que se vieron comprometidos”.

Muchos de los jóvenes hoy procesados y que están en la cárcel son señalados por la Fiscalía como integrantes de la llamada ‘primera línea’, como se conoce a un grupo que surgió en medio de las protestas con la intención de ponerse al frente de los marchantes para, supuestamente, protegerlos de la acción del Esmad de la Policía, para lo cual contaban con cascos y escudos improvisados.

Empero la Fiscalía señala que en la ‘primera línea’ en diferentes ciudades organizaron acciones terroristas valiéndose de las protestas. Vale recordar que en días pasados fue condenado Sergio Andrés Pastor González, alias ‘19’, señalado como líder de la ‘primera línea’, a 14 años y seis meses de prisión por tortura y concierto para delinquir.

El decreto

El Gobierno dio a conocer el Decreto 2422 del pasado 9 de diciembre, por medio del cual se crea la Comisión Intersectorial para la Promoción de la Paz, la Reconciliación y la Participación Ciudadana, que tendrá como objeto la coordinación y articulación intersectorial para la ejecución de la facultad presidencial establecida en el artículo 5 de la Ley 2272 de 2022.

Dicha facultad le permite al presidente Petro autorizar representantes con el fin de promover la reconciliación entre los colombianos, la convivencia pacífica y lograr la paz.

La Comisión estará integrada por los ministros del Interior, Alfonso Prada; Justicia, Néstor Osuna; y Defensa, Iván Velásquez; así como por el director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), Mauricio Lizcano.

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Las funciones de la citada Comisión serán definir los lineamientos técnicos y las condiciones para la implementación de la ejecución de la facultad presidencial establecida en el artículo 5 de la Ley 2272 de 2022; así recomendar la admisión o exclusión de ciudadanos pertenecientes a organizaciones sociales y humanitarias que se encuentren privadas de la libertad como voceros.

Además recomendar la continuidad o exclusión de estos voceros, de conformidad con el informe de evaluación y monitoreo que del cumplimiento de las obligaciones y condiciones realice el alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda.

La secretaría técnica de la Comisión Intersectorial será ejercida por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz.

El ministro de Justicia, Néstor Osuna, explicó que los integrantes de dicha Comisión "haremos los lineamientos para enviarle al presidente las recomendaciones ya concretas sobre quiénes podrían ser designados voceros y promotores y quiénes no. Por su parte, el comisionado de Paz pondrá las tareas que tienen que cumplir y vigilará  el cumplimiento de esas tareas”.

Osuna anticipó que "en los lineamientos que estableceremos le recomendaremos al presidente que sean las personas que tengan mayor vocación de contribuir a la reconciliación y de cumplir con tareas humanitarias".

Por su parte, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, dijo que "vamos a definir, seguramente esta misma semana, los lineamientos que debemos establecer los miembros de la comisión y proceder a hacer la revisión para formular las recomendaciones al presidente".

Dudas sobre la norma

Una de las dudas por el decreto que expidió el Gobierno es si las personas ya condenadas pueden ser designadas gestoras de paz.

En ese sentido, el fiscal general, Francisco Barbosa, indicó que "la Fiscalía considera que no puede quedar en libertad una persona como alias ‘19’ o cualquier persona que haya cometido delitos graves u homicidios y que haya sido condenado por la justicia. Los condenados por la justicia están condenados por la justicia”. 

Agregó que “espero que la Judicatura, con la cual nosotros trabajamos, en el marco además de su autonomía e independencia, tome las decisiones correspondientes en el marco del ordenamiento jurídico colombiano”.

El fiscal general acotó también que “lo que se habla dentro del decreto es de un vocero; entonces tendrían que explicarle al país exactamente vocero de quién, de qué y en el marco de qué proceso de paz, para que haya mayor claridad”.

Se conoció que el presidente se reunirá con el fiscal Barbosa mañana en la Casa de Nariño para abordar el tema de los jóvenes de la ‘primera línea’ en las cárceles que el Gobierno designará como gestores de paz. Esta cita estaba agendada la semana anterior; sin embargo, fue pospuesta por motivos de salud del Jefe del Estado.

En tanto que la senadora Paloma Valencia (Centro Democrático) anunció que demandará este decreto.

“Precederemos a demandar el decreto para liberar la ‘primera línea’, que es abiertamente ilegal e inconstitucional, e interpondremos las acciones legales contra los firmantes. No pueden pasar por encima de la ley”.

Otras reacciones 

La procuradora general, Margarita Cabello, mostró su preocupación por este decreto, pues en su entender la reglamentación de la manera como serán designados los gestores de paz debería pasar por el Congreso, no hacerse con un decreto presidencial. 

Agregó que aunque la ley contempla la figura del gestor de paz, no es “cualquier persona sino que tienen que ser quienes reúnan unas condiciones especiales, que tengan un rol especial, que tengan un reconocimiento, que sean aceptados y reconocidos por grupos armados. Entonces en eso hay que tener mucho cuidado porque no creo que la ley haya autorizado que se pueda escoger libremente a cualquier vocero”.

De su lado, el presidente de la Corte Suprema, Aroldo Quiroz, dijo sobre este decreto que “la última palabra la deben tener nuestros jueces y los fiscales. Creo que es el punto de partida, independiente de la reglamentación que acaba de salir”.