Presupuesto General de la Nación del próximo año contempla recursos para la implementación de esta tecnología

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En los comicios parlamentarios y presidenciales de 2022 podría irrumpir el voto electrónico en algunas ciudades intermedias, 13 años después de que fuera ordenado por la ley su implementación para remplazar el tradicional sistema manual que ha imperado. La posibilidad de que ahora sí se inicie en serio un proceso para materializarlo se da porque en el Presupuesto General de la Nación del próximo año se autoriza al Ministerio de Hacienda a entregar los recursos necesarios. Incluso para ello contempla acudir a vigencias futuras.

También se autoriza avanzar en la implementación de la biometría para la identificación del votante, corroborando que es quien dice ser, pues en las pasadas elecciones regionales de octubre este sistema apenas contó con 14.500 estaciones; mientras que en iguales comicios de 2015 los equipos instalados fueron un poco más de 8.000.

Al respecto el Presupuesto General de la Nación 2020 señala en el artículo 151 que “con el fin de que la Registraduría Nacional del Estado Civil adelante un proceso de modernización que conduzca a la implementación del voto electrónico en la organización electoral del país, la actualización e implementación del registro civil en línea y el sistema biométrico en las mesas de votación, autorícese al Ministerio de Hacienda y Crédito Público a efectuar distribuciones dentro del proceso de ejecución presupuestal y, de ser necesario, a tramitar las vigencias futuras a que haya lugar, para adelantar estos programas en la vigencia fiscal 2020”.

Corresponderá, entonces, al nuevo registrador Alexander Vega presionar ante el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, la asignación de los recursos para la implementación del voto electrónico e iniciar el dispendioso proceso de escoger la tecnología que se acomode de mejor manera al sistema electoral colombiano.

Para ello es necesario también que se vuelva a convocar la Comisión Asesora para la Incorporación del Voto Electrónico, que no sesiona desde octubre del 2018.

Vega indicó hace algunas semanas tras ser elegido por los presidentes de las altas Cortes como Registrador Nacional, que “las tecnologías ya están dadas a nivel del mundo, no es cuestión de improvisar, la idea es aplicar la biometría en la mesa y buscar un voto electrónico adecuado. No se puede aplicar un voto electrónico de manera total, toca hacer las pruebas piloto. En Colombia la idea es que haya un voto mixto manual y electrónico”.

En este sentido Vega dijo que se buscará que “una máquina computarice los votos pero también tenga el registro del votante y se deposite en una urna para que haya doble cómputo. La persona vota de manera electrónica y la máquina le computa el voto, pero porque la cultura política de nuestro país necesita el voto manual, la máquina bota el registro de voto para darle seguridad al elector que sienta que está votando y deposita su voto en la urna”.

Agregó que a las 4 de la tarde cuando se cierran las urnas, la máquina entrega el  formulario  E-14, el acta, “ya los jurados no tendrán que intervenir en el diligenciamiento, y en la máquina ya aparecerá tantos votos por un candidato, entonces se abre la urna y tiene que haber el mismo número de votos por ese candidato”.

Tras ser elegido Vega se comprometió en su periodo de 4 años a hacer las pruebas piloto para escoger el sistema de voto electrónico más adecuado para el país, “y lo vamos a dejar armado para el siguiente Registrador”.

Dijo que el país tiene que ir paso a paso porque puso como ejemplo el caso de Alemania, en donde implementaron el voto electrónico de forma total. “Cuando la gente llegó a votar no estaba familiarizada con el voto electrónico todavía. Eso tiene que ser paulatino porque entonces puede lograr lo que pasó en Alemania, se retrocedieron porque la persona perdió el contacto con su voto manual. Esto no hay que perderlo acá y hay que dejarlo implementado en algunas ciudades intermedias”.

Agregó Vega que se dejaría “armado en algunas ciudades intermedias para ir viendo cómo va evolucionando…aspiramos que en las elecciones del 2022 unas ciudades intermedias tendrían voto electrónico, como funciona en Argentina y en Estados Unidos”.

Ya debería estar

Según la Ley 892 de 2004 el voto electrónico debió implementarse en el país antes del 2009. Adicionalmente, el Artículo 39 de la Ley 1475 de 2011 reitera dicha obligación y dispone que “en ningún caso el término excederá su plena implementación más allá de las elecciones para Congreso que se realizarán en 2014”.

En este sentido, esta última norma indica que con el fin de garantizar agilidad y transparencia en las votaciones, la organización electoral implementará el voto electrónico. El sistema que se adopte deberá permitir la identificación del elector con la cédula vigente o mediante la utilización de medios tecnológicos y/o sistemas de identificación biométricos, que permitan la plena identificación del elector.

Lo que espera el país con la adopción del voto electrónico es garantizar la pureza del sufragio, todavía amenazada por flagelos como la suplantación del elector así como por errores en el registro y escrutinio porque lo que hoy se tiene es un sistema básicamente manual.

Incluso la Ley 1475 de 2011 creó la Comisión Asesora para la Incorporación del Voto Electrónico, la cual por mandato legal debe reunirse cuando menos dos veces al mes, lo cual en términos generales se cumplió desde marzo de 2012, cuando se registra su primera sesión, hasta 2014. Sin embargo, posteriormente se ha hecho de forma esporádica.

En octubre pasado, recién se posesionaron los actuales magistrados del Consejo Nacional Electoral fue citada la Comisión Asesora para la Incorporación del Voto Electrónico, no obstante, no pudo sesionar por falta de quórum. Llamó la atención en esa ocasión la propuesta que hizo el Ministerio de Hacienda, uno de los integrantes, de adoptar el medio virtual para que de esta forma se lleven a cabo los siguientes encuentros.

De esa fecha a hoy la Comisión no ha sido citada nuevamente, de la cual hacen parte el Consejo Nacional Electoral, la Registraduría Nacional del Estado Civil, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de las TIC, el Departamento Nacional de Planeación, el Ministerio del Interior, los delegados de los partidos políticos y eventualmente la Procuraduría General de la Nación.