Por posible omisión en el cumplimiento de sus funciones, la Procuraduría General de la Nación citó a audiencia pública a Jesús Antonio Gómez Rodríguez y Ary Mauricio Piñeres Salazar, gobernadores encargados del departamento del Chocó para la época de los hechos; y a Marciana Perea Chala, en su calidad de asesora jurídica del ente territorial.
Los tres investigados estarían incursos en falta disciplinaria porque al parecer no habrían remitido a la Contraloría Departamental del Chocó los cuatro contratos celebrados el 11 de febrero de 2011 originados en la declaratoria de urgencia manifiesta decretada en diciembre de 2010, como tampoco los actos administrativos correspondientes y el expediente que contiene los antecedentes administrativos de la actuación y de las pruebas de los hechos para que se ejerciera el control fiscal correspondiente.
El Ministerio Público precisó que el señor Gómez Rodríguez había suscrito los actos administrativos de declaratoria de urgencia manifiesta y el señor Piñeres Salazar habría sido la persona que, en representación del departamento, celebró los contratos. No obstante, al parecer ninguno de los dos investigados remitió la información correspondiente al citado organismo de control.
Con respecto a la señora Perea Chala, la Procuraduría agregó que como servidora adscrita al despacho del gobernador tenía el deber de “(…) hacer seguimiento a los actos administrativos del departamento, para verificar que se den las condiciones de exigibilidad y que se cumpla lo ordenado por la administración” y, en consecuencia, estaba en la obligación legal de enviar o verificar que se remitiera la información mencionada a la Contraloría departamental.
Las faltas endilgadas a cada uno de los investigados fueron calificadas provisionalmente por el órgano de control como graves, a título de culpa grave.
La audiencia pública se llevará a cabo el próximo jueves 3 de diciembre de 2015, a las 9:00 de la mañana, en la sala de audiencias de la sede principal de la Procuraduría General de la Nación.