Encapuchados retrógrados
“Los disturbios reproducen la exclusión que debemos acabar, pues no solo cierran físicamente los campus, sino que también cierran el paso a nuestro relacionamiento con la sociedad y minan la confianza que esta debe tener en sus instituciones educativas. Es por eso que, ante la violencia, debemos manifestar nuestro rotundo rechazo en defensa de las universidades y de su vocación como gestoras del conocimiento y constructoras de nación”, manifestó ayer la rectora de la Universidad Nacional, Dolly Montoya.
Quiere llegar al Congreso
Mario Solano, quien fuera contralor delegado en la época de Sandra Morelli, quiere aspirar al Congreso representando al Huila, pero no sabe por cuál partido, aunque le gustaría estar en la lista del Centro Democrático.
Otra demanda contra el PND
El segundo vicepresidente del Senado, Alexander López, del Polo Democrático, le solicitó a la Corte Constitucional declarar inexequible el artículo 313 de la Ley 1955 de 2019, Plan Nacional de Desarrollo, que establece el cobro de $4 por cada kilovatio de energía que consuman los colombianos de los estratos 4, 5 y 6 para el funcionamiento de Electricaribe por considerar que el presidente Iván Duque no podía crear impuestos a través de esa norma.
“El cobro es inconstitucional”
Según explicó López, el cobro de $4 por kilovatio de energía para los estratos 4, 5 y 6 y las entidades no reguladas viola el artículo 359 de la Constitución por ser un impuesto y no una tasa, porque en este caso el contribuyente no recibe contraprestación alguna, no recibe ningún beneficio y su pago no es opcional o discrecional, sino obligatorio. “Este impuesto no está destinado a la inversión social o a cubrir un gasto público social, sino que está destinado a subsidiar financieramente al Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios que a su vez financia y soporta tres empresas: Electricaribe, Emcartago y Electrolima, que han sido tomadas en posesión por su negligencia, ineficacia y por ser el centro de corrupción. Se está legislando para tapar la corrupción de la multinacional española Unión Fenosa, que supera los $4 billones, dinero que le usurparon al patrimonio público”.