El cierre de la frontera con Colombia, ordenado por el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, el 23 de agosto pasado, terminó por convertirse en una medida que afectó a más de 1.500 deportados y centenares de familias, pero que no sirvió para resolver los problemas de fondo.

Si bien es cierto que, de acuerdo con informes oficiales de parte y parte, los delitos se han reducido, el principal objetivo del mandatario de la República Bolivariana, combatir el contrabando, no ha sido logrado.

Quienes sufrieron el drama de ser deportados, de perderlo todo o quienes regresaron por decisión propia pero dejaron familiares en territorio patrio, poco a poco dejaron de lado la nostalgia y se resignaron a su suerte.

Pero la resignación no es solo de ellos. En general el país parece haberse resignado y hoy ya ni se habla de lo que pasa en los pasos fronterizos cerrados por Maduro y cuya legalidad ha sido avalada por el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela.

Los comerciantes, que antes tenían al vecino país como su principal aliado, recuerdan que las exportaciones se habían venido a menos por cuenta del incumplimiento en los pagos y que fue necesario mirar a otros mercados.

Maduro ha dicho en reiteradas ocasiones que la frontera, 24 pasos, seguirá cerrada y que si es indispensable, así permanecerá por dos años o el tiempo que se requiera, con el fin de lograr su objetivo de que sean unas zonas “sanas”.

Tras la reunión con el presidente Juan Manuel Santos en Quito, a instancias de los mandatarios Rafael Correa y de Uruguay, Tabaré Vásquez, y uno que otro encuentro de cancilleres y ministros de Defensa, Hacienda y Defensores del Pueblo, no se ha avanzado en la normalización por los pasos fronterizos.

Por ahora, solo se tiene claro que Maduro quiere volverse a reunir con Santos y que la agenda del mandatario colombiano está “copada”, por lo que no se sabe cuándo se producirá la cita y, que lo más seguro es que sea hacia febrero o marzo.

Por lo demás, el contrabando de combustibles continúa a través de trochas, así como el de alimentos y que de lado y lado, quienes necesitan atravesar la frontera, lo hacen por pasos clandestinos.

“Vivo en San Antonio y tengo algunos negocios en Cúcuta, así que aquí me tienen”, dijo un hombre que pidió no ser identificado y señaló que hay caminos por los que gracias a algunos miembros de la Guardia Venezolana, que “no nos ven cuando cruzamos, podemos ir y venir”.

Los operativos, de lado y lado, continúan por parte de la Guardia Venezolana, del Ejército y la Policía Nacional, pero las denuncias de incursiones hacia uno y otro lugar de los mojones que delimitan los países -si es que todavía existen-, no se volvieron a escuchar.

En el recuerdo están las imágenes de las máquinas tumbando las casas de colombianos en Venezuela, las deportaciones masivas, el drama humanitario, la emergencia por la llegada masiva de compatriotas, el llanto de las madres que tuvieron que dejar a sus hijos o que la Guardia Venezolana no se los dejó pasar. Pero hoy, de ahí no pasa porque Colombia, al parecer, se resignó a que la frontera esté cerrada.

Sin ver al esposo

También quedan historias como la de Mercedes Corredor, quien es una entre muchas que da cuenta de la tragedia que viven miles de colombianos deportados de Venezuela.

Mercedes nunca pensó que ese día llegaría. Después de vivir 11 años en Ureña (Venezuela) y de construir un hogar con su familia, esta mujer de 43 años debió abandonar a la fuerza el país vecino y rehacer su vida en Colombia.

“Tuve que venirme con mis hijos de allá para que ellos pudieran estudiar tranquilos en Cúcuta. Me daba miedo que cuando atravesaran la frontera pudieran ser confundidos con paramilitares. ¿Y quién pelea con la Guardia Venezolana? Me los matan”.

Hoy, Mercedes y sus tres hijos varones, de 10, 15 y 17 años, duermen en una habitación pequeña en Cúcuta que ella paga gracias al empleo que le consiguió el Gobierno colombiano como aseadora en una entidad de salud. Sin embargo, asegura que el salario no le alcanza para solventar sus gastos y que las ayudas que ha recibido no han sido suficientes.

“El colegio me ha colaborado mucho con la alimentación de mis hijos, pero a ellos les faltan uniformes y zapatos. Además debo pagar el arriendo y no tengo la plata”.

Su tragedia no termina ahí. Del otro lado de la frontera se quedó su esposo, venezolano, a quien no ve desde hace un mes y medio. Él se encuentra allí con la única tarea de cuidar las pertenencias que ellos con tanto esfuerzo consiguieron en todos estos años gracias a su trabajo. “Mi esposo está solo cuidando la casa y el carro. Yo solo pude venirme con la mera ropa y mis hijos que son lo más importante”.

Esa situación que vive Mercedes es la misma que atraviesan cientos de connacionales desde el pasado mes de agosto, cuando el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro decretó un cierre de frontera y posteriormente un estado de excepción, pues según él, los colombianos afectan la seguridad de su nación.

Las ayudas humanitarias no se han hecho esperar. Desde luego, hay denuncias de personas haciéndose pasar por damnificados para recibir subsidios o, como en el caso de World Vision, que les entregó a 350 padres unos bonos alimentarios que podrán hacer redimibles en cualquier almacén de cadena.

Otros se han dedicado al rebusque, mientras en Cúcuta y los municipios aledaños se continúa viendo a los pimpineros, solo que la gasolina está “cara”.