La Cámara de Representantes aprobó recientemente en sexto debate el acto legislativo por medio del cual se otorga iniciativa parlamentaria a los congresistas, para que puedan disponer libremente sobre el 20% del presupuesto anual de inversiones. Es decir, sin que se requiera aval ministerial para ordenar dichos gastos.

Esta iniciativa suscita interesantes reflexiones, puesto que constituye un cambio de mucha profundidad en la legislación presupuestal de Colombia.

Aducen los defensores de esta iniciativa que con ello se evitará el que lo congresistas tenga que ir a mendigar partidas regionales ante el Ministro de Hacienda de turno. Y que así se le dará transparencia y publicidad a las llamadas inversiones regionales que hoy se otorgan en el claro oscuro de las negociaciones entre parlamentarios y ministros.

Sin embargo, las cosas no son tan simples como las postulan sus promotores, y puede dar lugar no solo a una mala asignación de los recursos de inversión, ya bien escasos por cierto, sino a una rapiña imposible sobre el famélico presupuesto de inversión.

Veamos en primer lugar las cifras. El acto legislativo autoriza que los parlamentarios dispongan libremente del 20% del presupuesto de inversión. Pongamos un ejemplo -no muy alejado de la realidad- en el que el total de las disponibilidades para inversión sea $40 billones. El acto legislativo permitiría que los parlamentarios asignen ellos directamente $10 billones a sus prioridades regionales, sin necesidad de pedirle permiso al Ministro de Hacienda de turno.

Resulta que por virtud de lo que en Colombia se conoce como la “inflexibilidad del gasto público” cerca del 90% de los recursos de inversión están atados de antemano a finalidades que previamente han señalado la misma Constitución y las leyes: pensiones, transferencias, subsidios de todo orden, etc.

De manera que en el ejemplo que estamos utilizando del hipotético presupuesto de inversión de $40 billones apenas quedarían para libre disposición $4 billones (10% de 40) y no $10 billones como afirman los promotores de la iniciativa.

Pero además: en este ejemplo cuyas cifras, repito, no están muy alejadas de la realidad, cabría preguntar ¿cómo se distribuirían entre más de 300 parlamentarios dichas partidas? No se necesita ser muy perspicaz para entender que caeríamos en un super fraccionamiento de mini obras con los pocos remanentes que anualmente quedan de libre disposición en el presupuesto anual de inversiones. Y por supuesto, nadie ni nada garantizaría que esas inversiones dispuestas por los parlamentarios a su libre albedrío sean las prioritarias para el desarrollo.

Es inconcebible que el Gobierno no haya alzado la voz desde la primera hora, como correspondía para oponerse a esta disparatada iniciativa. Lo vino a hacer tardíamente, cuando ya ha tomado fuerza en el Congreso. Claro, los cupos indicativos o las neo mermeladas deben proscribirse. Pero no es haciendo más confusas y antitécnicas las ya de por sí precarias maneras de invertir los pocos recursos que van quedando en el famélico presupuesto nacional como esto se va a lograr.

En materia de inversión pública nos seguimos adentrando con esta iniciativa por el camino del reino de la fantasía. Hacia el cual hemos comenzado a transitar ya con el Plan de Desarrollo, que ordenó un fantasioso programa de inversiones públicas para este cuatrienio de más de $ 1 billón, olvidando que en Colombia no se puede gastar un solo peso que no esté autorizado en el presupuesto anual de inversiones. El Ministerio de Hacienda ya ha informado que para la vigencia del año entrante el presupuesto de inversión en vez de aumentar, disminuirá.

¿Dónde va a reflejarse entonces el faraónico programa de inversiones previsto en el Plan de Desarrollo para que se puedan efectuar si, además, el 20% se asignará directamente en una festiva piñata parlamentaria que no necesariamente traducirá las prioridades del país?