Aun cuando los ciudadanos poco sabemos de la respuesta de Colombia a las pretensiones de Nicaragua sobre extensión de su plataforma continental a más de doscientas millas, ni de lo concerniente con la demanda por incumplimiento del fallo inejecutable del 2012 de la Corte Internacional de Justicia que desconoce el meridiano 82 como frontera marítima y ni siquiera se reúne la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, insisto en el tema, extrañado de que el Congreso jamás haya realizado el debate en referencia a tan vital asunto y persista como política de Estado extraña forma de diplomacia secreta.
Es importante celebrar en el 2022 la vigencia durante cincuenta años del Tratado Vásquez-Sacio, suscrito en septiembre de 1972, por el cual los Estados Unidos reconocieron plenamente la soberanía nacional en los cayos de Contador, Serrana y Serranilla que forman parte de nuestro archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina ratificado por el presidente Ronald Reagan, que confirmó a perpetuidad los derechos de Colombia en ellos, posesión reconocida por la propia Corte, la totalidad del archipiélago está protegida por la Armada Nacional defensora del mar Caribe en procura de la conservación de recursos naturales y de garantizar el oficio de pesca de los raizales.
Como en el país, en época de pandemia, de turbación del orden público, de acción de grupos corruptos que disputan territorios, los candidatos a la presidencia de la República consideran que el mar no es prioritario, pedimos que incluyan su defensa en la exposición de sus programas de gobierno, mejor prevenir el rasgar de vestiduras con lavado de manos cuando se produzcan nuevos pronunciamientos del Tribunal de la Haya, solamente mediante convenios bilaterales y multilaterales puede considerarse alguna modificación de limites inscritos en la Constitución. La demagogia cubre a electores urgidos de valorar la trascendencia de un acuerdo nacional para enfrentar la injusta embestida no de un pueblo hermano sino del círculo opresor que en Nicaragua actúa en oposición a los anhelos de integración continental.
Repetimos lo dicho por el doctor Laureano Gómez en 1936, “la sombra siquiera de un compromiso internacional que adquiera Colombia de alterar o revisar sus límites por la decisión así sea del más alto, respetable e imparcial Tribunal es en máximo grado peligrosa porque ninguna Nación debe contraer compromisos jurídicos que no le sea licito o factible cumplir.”
Equivocado haber concurrido a la Corte Internacional de Justicia a enfrentar procesos con base en el acto ilícito de declaratoria unilateral de nulidad efectuada por el gobierno sandinista en febrero de 1980 ante el cuerpo diplomático acreditado en Managua del Tratado Esguerra-Bárcenas que continúa vigente en su totalidad. Existen argumentos contundentes para reiterar que cualquier sentencia futura de ese organismo también será inaplicable, la actitud pasiva y parroquial mantenida durante los últimos lustros ha sido errónea, la política del avestruz merece unánime desaprobación y desconcierta. Incorporo la frase del expresidente Eduardo Santos “que el país tenga fe en sí mismo es la más honda de mis aspiraciones.”