Cada vez resulta más claro que, cuando el ejercicio del poder político se personaliza, rompe el orden institucional, desestabiliza al Estado en lo interno y genera enfrentamientos y rupturas a nivel internacional. Lo estamos viendo en el caso de los Estados Unidos, en donde, en pocos días y desde sus primeras decisiones y políticas, Donald Trump ha mostrado evidentes tendencias autoritarias, generado pugnacidad, guerra comercial, choques y protestas, no solamente en el interior del país, sino en el plano internacional.
Se ha iniciado una campaña contra los migrantes, en especial provenientes de México, Colombia y Venezuela. Se ha facultado a las autoridades federales para capturar y deportar a miles de personas en esa condición, aunque no hayan sido inculpadas o acusadas de haber cometido delitos, partiendo del equivocado supuesto según el cual todo migrante, por el hecho de serlo, es un criminal o un narcotraficante, aunque no hayan sido condenados, con carácter preventivo, desconociendo abiertamente la presunción de inocencia, que cobija a toda persona, con independencia de su nacionalidad y de su situación como residente. Un migrante indocumentado no necesariamente es delincuente.
En desarrollo de esa política, han llegado y siguen llegando a varios otros países -entre ellos Colombia- latinoamericanos, cientos de migrantes deportados. Según medios internacionales, se los transporta en aviones norteamericanos en cuyo interior han sido maltratados, atados de pies y manos -aunque no estén procesados ni condenados-, solamente por ser migrantes. Tal fue el motivo del crudo enfrentamiento -en redes- entre los presidentes norteamericano y colombiano, afortunadamente superado por vía diplomática.
Se han adoptado decisiones como la de gravar con aranceles a productos provenientes de China, Canadá y México. En cuanto a México, se llegó a un acuerdo transitorio con la presidenta Claudia Sheinbaum para aplazar la medida -que era inmediata- pero tan solo durante un mes. De igual forma, y por el mismo período de tiempo, con Canadá, según anunció su primer ministro, Justin Trudeau. Hasta ahora, se ha informado que se mantiene la decisión sobre aranceles a China, desde luego con la correspondiente respuesta de retaliación.
Al momento de escribir estas líneas se conoce que el presidente Trump ha decidido suspender Usaid, la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, medida que perjudicará a Colombia y a otros países.
En una democracia se ejerce el poder político a nombre del pueblo -titular de la soberanía-, no en el nombre de la persona que lo tiene a cargo transitoriamente, aunque se trate del elegido para desempeñar la jefatura del Estado y del gobierno. Precisamente, los principios democráticos defendidos por Locke, Montesquieu y Rousseau, plasmados en las constituciones, enseñan que ya no hay gobernantes absolutos, sino mandatarios que cumplen funciones delimitadas y señaladas de manera expresa por las normas. Así que no es la voluntad, el deseo o el capricho del funcionario lo que prevalece, pues las épocas de los faraones, príncipes y emperadores han quedado en el pasado.
Es verdad que Trump fue elegido por amplísima mayoría sobre la exvicepresidenta norteamericana Kamala Harris, pero sujeto a la Constitución y las leyes del país, no para que haga su voluntad, como si de un monarca se tratara, sobre la población; ni tampoco para hostilizar a los gobiernos, habitantes y empresarios de otros países.