Como se recordará, la empresa Air-e, fue objeto de intervención con fines de administración el pasado mes de septiembre por parte de la Superintendencia de servicios públicos, procediendo en consecuencia a la toma de posesión de la misma, Al anunciar esta decisión, el entonces Superintendente Dagoberto Quiroga manifestó que no se descartaba la liquidación “si no se alcanzan los objetivos”.
Pues bien, acaba de expedirse por parte de la Superintendencia de Servicios públicos una Resolución mediante la cual la modalidad de su intervención a la empresa Air - e pasa de la modalidad con fines de administración a otra con fines de liquidación. Con el fin de “adoptar las medidas necesarias para el fortalecimiento de la empresa y garantizar la continuidad de la prestación del servicio como un derecho”. Esta decisión estuvo antecedida y motivada en el “Informe diagnóstico de gestión remitido por el Agente especial de Air - e (intervenida), que muestra la compleja situación financiera y operativa de la empresa”.
Según lo acota la propia Superintendencia, con “la decisión adoptada se garantiza la normalidad en la prestación del servicio a los usuarios como un derecho y desde la Superintendencia se adelantarán las medidas necesarias para que Air - e pueda continuar adelantando su actividad en los términos exigidos por la Ley”. Empero, para lograr dicho cometido la Superintendencia está en la obligación de solventar a la empresa, darle liquidez y flujo de caja para mantenerla a flote y garantizar su operación y así evitar un apagón. Y ello solo se puede lograr inyectándole los recursos que requiere, sobre todo para comprar la energía que distribuye. Para ello la Superintendencia cuenta como fuente de financiamiento el Fondo empresarial, la mera intervención, per se, no resuelve la delicada crisis financiera, que llevaron a la intervención.
Es más, el caso de Air-e no es aislado, es solamente la punta del iceberg de la gran crisis que afrontan las doce empresas prestadoras del servicio, la cual se debe fundamentalmente al pasivo de la Nación, que está en mora de girarles $2.4 billones por concepto de los subsidios a los estratos 1, 2 y 3 y que el Gobierno Nacional les debe reintegrar.
A ello se suma el lastre de la deuda que tenemos contraída con ellas por parte de todos los usuarios por concepto de la Opción tarifaria, cuyo saldo asciende a los $4.5 billones, de los cuales el propio Presidente de la República se comprometió públicamente en el mes de mayo a asumir el monto correspondiente a los estratos 1, 2 y 3, $2.5 billones. A estas deudas se vienen a sumar lo correspondiente a los subsidios a los usuarios de tales estratos de gas natural y GLP, las cuales ascienden a $628.000 millones y $54.000 millones, respectivamente.
La empresa XM, que opera el Sistema interconectado nacional (SIN), lo advirtió desde el 4 de octubre de 2023, que ello podría lugar a un efecto dominó, amenazando con colapsar el sistema. Es urgente, entonces, que el Gobierno Nacional cumpla con su compromiso de asumir la de la Opción tarifaria y gire los subsidios, ¡antes de que sea demasiado tarde!
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