El honor castrense

La Constitución de 1886, vigente cuando el asalto al Palacio de Justicia durante el gobierno del presidente Belisario Betancur, señalaba el proceder de la Justicia en cuanto los actos de servicio de los miembros de las Fuerzas Armadas. El artículo 170 establecía que: De los delitos cometidos por los militares en servicio activo y en relación con el mismo servicio, conocerán las Cortes marciales o Tribunales militares, con arreglo a las prescripciones del Código Penal Militar. Lo que se intentó preservar  en la  Constitución de 1991, que  establece que los delitos que cometan los militares en servicio activo, como es el caso  del Palacio de Justicia, serán juzgados por la justicia militar. Justicia  desvirtuada en la practica, que deja a los militares que participan en la lucha contra la subversión  en la penosa situación de pasar por las horcas caudinas de la justicia civil, que no siempre atiende, ni entiende, como es debido su proceder estratégico y táctico, sin contar que, en casos excepcionales, como lo han señalado diversos comentaristas, puede estar manipulada y politizada. La justicia militar, contra lo que  aducen sus detractores entre nosotros, en donde existe, al atender su moral suele ser más severa que la civil.

La sociedad da armas a los soldados, ofrece seguridades y suele rodearlos  del mayor respeto, como elementos esenciales del Estado, junto con la policía, para preservar el orden y de violarlo el castigo debe ser ejemplar.

Los soldados en acción durante los luctuosos hechos de servicio que desencadena la toma del Palacio de Justicia por el M-19, están siendo juzgados por un Tribunal que no tenia fuero, ni existía entonces para juzgar a los militares. Les cambiaron las reglas de juego y el juez natural sobre la marcha. Nadie se ha preguntado ¿qué habría pasado si los soldados, a los que el Gobierno y sus superiores les ordenaron salir a combatir a los subversivos, desobedecen y  los dejan actuar a sus anchas, a sabiendas de que usan a los    magistrados de rehenes  para  juzgar el sistema en cabeza del presidente Belisario Betancur, ni lo que pasaría si los militares vuelven las armas contra el gobierno legítimo? Como quizás lo hubieran hecho en otro país de Hispanoamérica sin la tradición democrática que prevalece en la mentalidad de nuestros uniformados. Se dice que, dadas las excepcionales circunstancias, los militares tuvieron el poder real ese día. Y lo más conmovedor, procedieron a devolverlo al liberar el Palacio y rescatar  la democracia. Allí resplandece el sentido del deber y  lealtad al poder civil, que en esa trágica oportunidad muestran las tropas enfrentadas a las balas homicidas. Y tuvimos el ejemplo que conmocionó al mundo de una magistratura notable y respetabilísima que sacrificó su vida atrapada en medio de las balas y pesadilla del combate, las depredaciones y el incendio del edificio donde impartían justicia. Magistrados y soldados fueron víctimas de los asaltantes, los sobrevivientes no pueden ser obligados a suicidarse y pedir perdón por honrar su misión, sería la quiebra moral de la República, de la Justicia y de las  Fuerzas Armadas.