Confusión política y cierre del Congreso
La política colombiana y la realidad se tornan cada vez más en verdadero campo minado. Los efectos de leyes y medidas anteriores aprobadas en el Congreso de la República o por medio de negociaciones y tratados, así como por los diversos gobiernos, como los avances de la corrupción lo demuestran. Esto en medio de esa mentalidad que parece enquistarse en la sociedad, como de magnates o jeques árabes que se permiten todas las excentricidades y el derroche del presupuesto, mientras seguimos en los peores lugares entre los países atrasados en infraestructura.
He indagando sobre el papel de nuestros negociadores y diplomáticos en el exterior y me encuentro con el hecho gravísimo que muy pocos defienden con carácter y argumentos sólidos nuestros intereses. Falta las más de las veces la noción de cuales son los deberes de un nacionalismo sano. Si se publicara un libro negro sobre los errores de nuestros diplomáticos la gente se espantaría. Pese a que algunos han sido tan notables como el estadista y diplomático Carlos Holguín, en el siglo XIX.
Contrasta la poca seriedad y sapiencia de nuestros agentes con la formación, la intensidad con la que las potencias defienden sus intereses. En tiempos del gobierno de Guillermo León Valencia, con la sensibilidad social conservadora y cristiana que lo caracterizaba, introdujo las medicinas genéricas para beneficio del pueblo colombiano. Con el TLC, por cuenta de la propiedad intelectual, Colombia acepta que las patentes foráneas tengan una protección de cinco años, así que los fármacos genéricos corren el riesgo en algunos casos de desaparecer del mercado. Lo que es un golpe mortal para la salud del pueblo. A lo que se suman las denuncias de la corajuda contralora Sandra Morelli, sobre el asalto a los dineros de la salud en miles y miles de millones, por cuenta de servidores públicos ligados a los carteles del crimen de cuello blanco. Desastrosa situación a la que se suma la falsificación de medicamentos que afecta su venta en todo el país, causante de dolorosas muertes en la impunidad.
Imponer IVA a los alimentos contradice la doctrina social conservadora y la noción cristiana de justicia social. Eso, cuando Ecopetrol produce 12 billones de pesos, lo que equivale tres veces a una reforma tributaria
La reforma de la justicia va de mal en peor, hace diez años escribí en El Nuevo Siglo varios artículos críticos sobre la Carta de 1991, sostuve entonces que la Corte Constitucional al quitarle competencia al Consejo de la Judicatura para sancionar a los magistrados, había prevaricado y dejado sin dientes la institución creada por Álvaro Gómez, reducida sus funciones y convertida en un ente que maneja miles de millones, lo que no es propio de la rama judicial y termina quemando las manos de algunos funcionarios codiciosos. El senador Rubén Darío Salazar sostuvo que acabar con el Consejo de Judicatura por los eventuales delitos de algunos de sus miembros, aún sin probar, daría pie a que mañana cerraran por el mismo motivo el Congreso de la República. La infame historia se repite.