Finalizaron las conversaciones de La Habana, hay cese al fuego bilateral, buena noticia.

En cuanto al Acuerdo Final Para una Paz Duradera y Estable, consignado en 297 páginas, incluye la amnistía general y el indulto, figuras jurídicas  indispensables para la desmovilización y entrega de las armas, al igual que las garantías para la participación en política de las Farc, que conformarán un partido. Luego de cincuenta años de conflicto, sin posibilidad de acceder al poder por la vía guerrillera, el perdón y olvido se ha pactado, en el futuro cuentan los votos.

El convenio se extiende al  anunciarse un Acuerdo Político liderado por el Gobierno y la guerrilla  cuyos lineamientos están por determinar, el otorgamiento de 26 curules en el Congreso, más dos adicionales, sin perjuicio de obtener otros escaños en la Cámara de Representantes en las elecciones ordinarias,  financiamiento estatal  anticipado equivalente al diez por ciento del límite de gastos, zonas rurales de desmovilización sobre las cuales solamente podrá volarse a más de 5000 pies de altura, dentro de las cuales no tendrán jurisdicción las autoridades civiles, constitución de un centro de “pensamiento” por cuenta del Estado, entrega de 31 emisoras con el propósito de contacto comunitario. Se establece la reforma del sistema electoral, estudiada por siete expertos “de alto nivel,”  estrategia conjunta dinámica a diez años tendiente a solucionar el problema  del cultivo, distribución y comercialización de drogas ilícitas. Habrá sueldo mensual elevado para los guerrilleros durante dos años,  un millón trescientas mil hectáreas para Juan Sin Tierra, comienzo de  reforma agraria con la presunción de nueva estructura catastral y progresividad del impuesto predial. Se esboza la reparación a las victimas, supongo que el tema de los desplazados lo asume el Estado.

Capítulo complejo es el de la Justicia Especial, con la creación de Tribunales integrados en parte por indicación de  notables e instituciones internacionales, -el Papa Francisco aclaró que ni él, ni la Santa Sede, nominan-, para juzgar a los sindicados de la comisión de delitos graves con mengua  de las atribuciones de la Corte Suprema de Justicia y de la Rama Judicial, incluyendo que  dichos entes sean los llamados a sancionar a empresarios que hayan contribuido a la financiación de organizaciones paramilitares, existe el temor de las falsas denuncias.

Los ciudadanos consignaremos nuestros votos en el plebiscito.  Aun cuando llegue  a ganar el No, la tesis del Gobierno es la de que el acuerdo no puede revisarse.  Será difícil  ejecutarlo, tiene cabos sueltos,  se requieren billones de pesos. Para la guerrilla “casa, carro y beca,” los demás a soportar la reforma tributaria y la cascada de impuestos. Entramos en el posconflicto.