Tres noticias recientes provenientes de Nicaragua, Venezuela y Guatemala, guardan un hilo conductor que las identifica. Son ellas muestra del profundo deterioro del Estado de derecho en la región, y del absoluto desprecio que tienen sus protagonistas por la separación de poderes, principio que identifica los estados democráticos. Se trata de dictaduras ya sin máscara, al fin y al cabo, en los dos primeros casos, y de un país en trance de convertirse en ella, en el último.
La señora Rosario Murillo en Managua, acaba de destituir de facto a la presidenta de la Corte Suprema de Justicia de su país y de limitar las funciones de dicho órgano judicial, sin más fundamento que su propia voluntad, reflejada, claro, en una reforma constitucional votada por el órgano legislativo abyecto sometido a ella y justificada en la acusación genérica de corrupción en el manejo que hacía hasta ahora dicha Corte del Registro Público de la Propiedad.
No es una falsa noticia, o una mala interpretación de alguna declaración a la que falte contexto. Es simplemente una bufonada dictatorial, una más de las muchas con las que se ejerce el poder en esa nación, desde la asunción del mismo por parte de la pareja Ortega Murillo.
Otra Corte Suprema convertida hace tiempo en apéndice del poder ejecutivo, esta vez en Venezuela, decidió dejar sin efectos las elecciones primarias realizadas por la oposición para la selección de su candidato a la presidencia, apenas unas horas después de que se conocieran las acusaciones del gobierno de un supuesto fraude, apoyadas estas por el fiscal al servicio del régimen.
Poco importan las pruebas o el sustento jurídico de dicha actuación, como tampoco que el respeto de los resultados de las elecciones primarias hicieran parte de los compromisos adquiridos en las negociaciones con la oposición, y fueran además fundamento de un relajamiento de las sanciones económicas que dicho régimen antidemocrático enfrenta en particular por parte de Estados Unidos.
A la propia candidata ganadora de las primarias no le sorprendió esa decisión, que considera apenas un episodio del tire y afloje de las negociaciones en curso, en las que la institución judicial que se supondría ajena a dichos juegos de poder y garante de los derechos de todos, se utiliza como mampara y elemento de disuasión, o mejor sería decir, como parte del espectáculo dictatorial.
Así mismo, en Guatemala se instrumentalizan desde hace meses varios órganos judiciales y de control, para intentar desconocer el resultado de las elecciones que dieron como ganador un candidato contrario al régimen tradicional que domina y maneja los hilos del poder en esa nación. No es aún la dictadura, pero se añora por algunos la “eficacia” con la que se manejan los asuntos en Nicaragua o Venezuela sin cortapisas ni límites engorrosos, derivados estos de la “ingenua” idea de que el poder debe controlar al poder, o de que se debe dejar expresar libremente a los electores y respetar la voluntad popular manifestada en las urnas.
Al respecto vale recordar las palabras de Octavio Paz: “una nación sin elecciones libres es una nación sin voz, sin ojos y sin brazos”, y “toda dictadura, sea de un hombre o de un partido, desemboca en las dos formas predilectas de la esquizofrenia: el monólogo y el mausoleo”.
@wzcsg