¡Aleluya, lo hundimos!

Extrañamente  un proyecto que nunca fue bandera del presidente Santos, lo convirtieron el Gerente del Banco de la República y el Ministro de Hacienda en punto central de la agenda económica, dejando de lado la reforma tributaria estructural, para dedicarse al proyecto que cambiaba la denominación legal de la moneda, suprimiéndole tres ceros, cuyo costo era de $ 300.000 millones.
¿Por qué la insistencia de los rectores de nuestra economía para impulsar un inoportuno proyecto, dada la situación de reconstrucción por el invierno y ser contrario a la austeridad promulgada del Mandatario? Es una odisea tramitar cualquier recurso para damnificados, niños, desplazados o minorías, pero para este tema $ 300.000 millones no eran nada. Hoy cuando Colombia tiene la inflación más baja de muchas décadas (3%), quisieron realizar esta maniobra, contraria a los principios económicos y a lo que la experiencia ha demostrado. Estas políticas se aconsejan cuando hay hiperinflación, como en Argentina y Brasil, pero su utilización no garantizó la solución.
Este remedio es un paliativo cosmético; no disminuye el desempleo ni ataca la revaluación.
En esta ocasión prevaleció la cordura de los congresistas, aceptando nuestras orientaciones técnicas, quedando claro que el proyecto no era de prioridad nacional y conllevaba un absurdo gasto.
Ha sido grave el tema del redondeo en los países que han adoptado esta medida, pues la aproximación a la cifra más cercana es en su mayoría hacia arriba siendo inflacionario. Un litro de leche de $ 1.950 quedaría en $ 2 nuevos pesos. El costo mayor lo asume el consumidor, al igual que en el sector bancario y comercial, pues las colas de $ 60 y $ 50 al dividirlas por mil se vuelven una fracción mínima, las cuales son apropiadas por estos sectores.
Desvirtuamos la motivación del Ministro de servirse de este mecanismo contra las caletas del narcotráfico, porque la mayoría de éstas se encuentran en dólares y euros.
La Junta argumentaba que ellos asumirán los costos, por lo que recordamos que las utilidades y remantes deben entregarse al Presupuesto Nacional para invertirse en las necesidades del país. El Emisor extrañamente mantiene una caleta de $ 300.000 millones, pero estos recursos no se vieron reflejados en el Presupuesto del 2012.
Hay que sumarle al costo público el que asumirá el sector privado, que puede ser el triple, ya que se tendrán que modificar software, programas de contabilidad, dispensadores de moneda, teléfonos públicos, entre otros.
Solicito que el Emisor modifique su régimen de contratación, para que no lo haga a dedo, pues hoy no está obligado a regirse por la Ley 80 de 1993. Con lo cual evitaremos pensar que se puede favorecer a una empresa o persona en particular.