Asistencia técnica agropecuaria

Los gremios del sector agropecuario en Colombia han dedicado tiempo, dinero y  trabajo en el establecimiento de un sistema de asistencia técnica integral, tanto para elevar los índices de productividad y facilitar la transferencia tecnológica, como para mejorar la calidad de vida del campesino y de sus familias. Lo uno independientemente de lo otro no tendría sentido, en un país de gran complejidad sociopolítica en nivel rural. Sin embargo, hoy día se plantea adecuar la política de asistencia técnica de cara a la internacionalización de la economía, con el fin de ser competitivos y estar a la altura de los otros países; pero por supuesto, decimos nosotros, sin dejar de lado el factor social.

Entre tanto, también es claro que existe el denominado "costo país", en el que tienen que ver muchas variables que no son del control del productor por más que se esmere en ser eficiente, entre ellas la tasa de cambio, la deficiente estructura vial y portuaria, además de otras variables macroeconómicas que lo ubican en condiciones desventajosas frente a los demás competidores. Y es ahí, donde los gremios ahora están llamados a desempeñar un gran papel, con el fin de inducir y promover acciones que apunten en esa dirección ante los organismos competentes.

A propósito, sobre el tema de asistencia técnica, conocimos esta semana el texto de una comunicación dirigida al ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri Valencia, de parte de la Sociedad de Agricultores de Colombia -SAC-, con fecha 18 de noviembre, en la que le ofrece apoyo para la definición de ese nuevo modelo y le advierte que primero se  “(…) debe empezar por definir el concepto del servicio, siendo el término más adecuado el de extensión rural; entendida como el sistema o servicio que mediante procesos educativos, puede ayudar a la población rural a mejorar los métodos y técnicas agrícolas, a aumentar la productividad y los ingresos, a mejorar su nivel de vida y a elevar las normas educativas y sociales de la vida rural" . También, hace énfasis en que si la prestación del servicio es un bien público, “se requiere que el Estado promueva el acceso efectivo a este bien", sin estar condicionado a cambios de gobierno, sino dándole continuidad en el tiempo, con actores idóneos y "(...) con enfoque territorial tanto en lo productivo como en lo social, con los más altos estándares de calidad."

Asimismo, se refiere a que "los mecanismos de control que hoy se aplican se quedan cortos, porque contemplan únicamente la revisión técnica y financiera, y no consideran la gestión y el impacto del servicio de extensión”; pues "la calidad no solo se mide en el correcto cumplimiento del servicio, sino que debe incluir a su vez, indicadores de gestión, de seguimiento, y de evaluación, que hoy por hoy los gremios venimos integrando a nuestros planes, sobre los cuales llevamos monitoreo, pero que no son tenidos en cuenta a la hora de las evaluaciones por parte de los entes interventores".

Y por último, aboga por la no eliminación de las Epsagro,  sobre todo porque algunos gremios han trabajado con ese modelo, con excelentes resultados.