Para desescalar el conflicto
Pese a los nubarrones de polarización que cual invierno intermitente no dejan de hacerse presentes en el ambiente político del país, conviene seguir mirando hacia la construcción de la paz. Y al respecto, uno de los asuntos que ocupan parte de la agenda pública es el de los posibles acuerdos para desescalar el enfrentamiento bélico con las Farc.
Para hablar de esos posibles acuerdos “cae como anillo al dedo” un reciente estudio de OCHA (agencia de la ONU) en donde informa que entre noviembre de 2012 -cuando se instaló la mesa de negociación- y junio de este año, 317.000 colombianos de zonas rurales han sido víctimas de desplazamiento, asesinato, secuestro, reclutamiento forzoso, desaparición, minas antipersonales y masacres.
Esa información ¡nos grita que urge detener el drama humanitario! Lo cual, volviendo a los posibles acuerdos, implica que las consideraciones sobre conveniencias o no para el Gobierno o para las Farc, deben pasar a un segundo plano pues el desescalamiento del conflicto debe tener el propósito central de aminorar el sufrimiento de la población civil que habita en las zonas más conflictivas, las cuales se podrían especificar, por ejemplo, desagregando geográficamente las cifras mencionadas en el citado estudio.
Además, y “teniendo los pies en la tierra”, hay que decir que esos posibles acuerdos deben ser verificables de manera expedita y sin que sean necesarias intervenciones distintas a las de los países garantes y/o facilitadores -apoyados por la profesionalidad de los periodistas- para disminuir el riesgo de empantanar la mesa cada vez que se presentase una presunta violación.
Así las cosas, un punto para comenzar podría ser el siguiente. De parte de las Farc someterse a una verificación confiable y detallada de los secuestros de civiles que se les atribuyen desde que se comprometieron a no realizarlos. También el compromiso de no seguir reclutando menores de edad ni sembrando minas. Luego vendría la respuesta gubernamental consistente en la suspensión de bombardeos y ametrallamientos desde el aire (misiones alfa y beta) en las zonas geográficas desagregadas y las contiguas que se requieran para permitir una clara delimitación. Y volviendo a las Farc el compromiso adicional de no atacar ninguna unidad del Ejército, de Infantería de Marina o Policial, que esté realizando operaciones de control en dichas áreas. De lograrse los compromisos descritos se evitaría la afectación de los civiles bajo la cortina (¿excusa?) de los “daños colaterales”.
Lo anterior se podría acordar por un término inicial de tres meses incluyendo los tiempos navideños y de vacaciones y si funcionara se pasaría a otro acuerdo en el que, por ejemplo, las Farc se comprometerían a no atentar contra ningún tipo de infraestructura vial o energética en todo el territorio nacional, y a cambio el Gobierno suspendería bombardeos y ametrallamientos también en todo el territorio, salvo por casos excepcionales bajo la responsabilidad directa del Presidente o el Ministro de Defensa.