María Corina Machado

Durante muchos años la mayoría de las naciones de nuestro hemisferio han tomado decisiones tendientes a defender la democracia.

En el compromiso de Santiago,  los ministros de Relaciones Exteriores decidieron adoptar medios oportunos y eficaces con ese fin. Ese mismo año, 1991, aprobaron una resolución mediante la cual acordaron un mecanismo de acción colectiva para hacerle frente a interrupciones de la institucionalidad democrática.

En igual sentido se pronunciaron en la Declaración de Nassau de 1992, lo mismo que en la de Managua de 1993. Y en Costa Rica, cumpliendo instrucciones de los jefes de Estado, con motivo de la tercera cumbre, que se celebró en Quebec, expresaron su asentimiento al documento de base de la Carta Democrática Interamericana.

De igual manera, le dieron el encargo al Consejo Permanente de la OEA  de perfeccionarlo, en procura de considerarlo posteriormente en Lima con motivo de la celebración de la Asamblea General en esa ciudad.

Después del largo proceso que tuvo lugar el 11 de septiembre de 2001, durante el vigésimo octavo período extraordinario de sesiones de la Organización, se aprobó dicha Carta, en la cual se proclama que la “democracia es esencial para el desarrollo social, político y económico de los pueblos de América”.

Los Estados tuvieron el buen cuidado de evitar que se tratara solamente de un instrumento declarativo y con ese objetivo en mente consagraron varios mecanismos concretos. En tal virtud, cuando un Estado considere que está corriendo peligro su sistema de libertades le es posible solicitar asistencia al Secretario General de la OEA o al Consejo Permanente. Por su parte, éstos pueden tomar la iniciativa de analizar la situación que se presente en alguno de los países miembros, con su consentimiento, después de lo cual es viable tomar, por parte del Consejo mencionado, medidas dirigidas a remediar la situación de riesgo para la democracia. En casos de particular gravedad, de otro lado, existen varios caminos. Uno es el de la realización de gestiones diplomáticas, pero si ellas fracasan es procedente la convocatoria de un período extraordinario de sesiones de la Asamblea General para que se adopten las medidas que se consideren necesarias.

A raíz de las gestiones que se realicen es posible, inclusive, que se suspenda al Estado miembro, sin que ello implique la suspensión de las gestiones diplomáticas aconsejables para superar la situación de ruptura del orden democrático.

Este breve recuento busca recordar los compromisos que tiene Colombia como Estado que suscribió la Carta Democrática Interamericana. Para nadie es un secreto el escepticismo que prevalece acerca de la eficacia real de este instrumento. Pero existe, consagra obligaciones, procedimientos, acciones y consecuencias.

Lo que no puede ocurrir es que se desconozca de manera olímpica, tal como está sucediendo en la actualidad, frente a la situación que padece la oposición democrática en Venezuela. Guardando silencio sobre el caso de María Corina Machado, para mencionar solamente su situación, el Gobierno de Colombia está escribiendo una mala página de nuestra política exterior. Las noticias que se conocen indican que esta gran líder de la oposición estaría recorriendo el mismo camino de Leopoldo López.

La actitud de la Cancillería no le sirve ni a la causa de la paz ni de la democracia. Por el contrario, la defensa del interés nacional obliga a que se actúe en cumplimiento de los deberes que tiene nuestro país.

Alguna vez dijo María Corina que lo mejor para la paz de Colombia es que haya democracia en Venezuela.

¡Tiene razón!