El carácter polisémico del concepto de confianza institucional y sus diferentes aproximaciones desde  la sociología, la psicología, la ciencia política  o la economía, hacen difícil abordarlo en breves líneas, pero resulta  importante resaltarlo en estos días,  pues si en tiempos de normalidad la confianza es un elemento central de la legitimidad y la estabilidad de las democracias, en una situación de emergencia  aquella se convierte en un bien preciado que debe cuidarse, pues se trata de una  de las claves  para sobrellevar y superar la crisis.

En circunstancias excepcionales como las que el país, y el mundo en realidad, enfrentan actualmente, resulta indispensable la confianza de los ciudadanos en las autoridades y de estas en ellos,  así como la colaboración armónica entre los diferentes niveles de gobierno a nivel nacional y local, la cual parte del mismo presupuesto.

La confianza es generalmente definida como la creencia firme en que un individuo, una organización o una institución actuarán de manera conforme a lo que se espera de ellos, basados, bien en sus capacidades y competencias, bien en la expectativa de que estos harán lo correcto. Referida específicamente a la confianza en las instituciones, consiste necesariamente en el respeto de las reglas que rigen sus funciones, y en que cada uno de sus agentes cumplirá con su deber de acuerdo con las finalidades institucionales que se suponen interiorizadas por todos.

La confianza, como esperanza firme en alguien o algo, no se opone al control, sino que lo presupone, como recuerda el sociólogo Louis Quéré. Por ello, para que pueda existir verdadera confianza en las instituciones deben funcionar cabalmente los frenos y contrapesos propios del Estado de Derecho y debe estar plenamente garantizado el acceso a la información. Como lo dijo recientemente la Unesco: hoy más que nunca necesitamos información veraz, hoy más que nunca necesitamos libertad de prensa. A lo que cabría agregar que hoy más que nunca se requieren ciudadanos activos dispuestos a vigilar las actuaciones del Estado y de sus líderes.

La confianza institucional no se reclama ni se impone; se merece con cada acto de las autoridades. Ella no se obtiene con pronunciamientos grandilocuentes y anuncios vacíos; surge de las acciones mostradas a luz del día, y por tanto sometidas a debate sin ningún temor ni cortapisa. Ella no se pierde por cometer errores; se esfuma sin embargo cuando estos se niegan, tratan de ocultarse, o se pretende simplemente que sean ignorados en nombre de esa misma confianza. Y ella por supuesto deja de tener cualquier sentido, cuando se actúa a sabiendas contra derecho. Si tales hechos se presentan, restablecer la confianza se convierte en un imperativo, que no se alcanza invocando errores de perspectiva o distorsiones externas.

Se hace necesario traslucir la verdad de lo que haya podido ocurrir por aberrante o vergonzosa que esta pueda llegar a ser.  Es la única manera, en esas circunstancias, en que las autoridades pueden cumplir con el primer deber que se les impone, cual es el de no defraudar por ningún motivo la confianza que depositamos en ellas.

@wzcsg