En todos los noviembres el Consejo Privado de Competitividad presenta su importante informe anual que se ha convertido en documento indispensable para comprender los altibajos y propósitos del empresariado colombiano y el estado de la economía nacional. Rosario Córdoba, su directora, precisó los principales problemas: alto costo de transportes, escasez de técnicos calificados, instituciones incapaces de enfrentar la corrupción y carencia de bienes públicos en zonas rurales. Destacó que la economía sigue muy cerrada a lo que se suma la inflexibilidad del mercado laboral.

El ministro José Manuel Restrepo, con gran dominio de la materia, sintetizó los compromisos del gobierno con la competitividad: trabajar con las regiones, elevar la productividad, simplificar la relación empresario-Estado, promover el emprendimiento y la formalización empresarial, facilitación del comercio y aprovechamiento de los TLC.

El Presidente de la República enfocó el tema en la disyuntiva competitividad vs informalidad y se preguntó ¿Cómo insertar al país en el proceso de la Cuarta Revolución Industrial, cuando “hay países que están desarrollando marcos normativos en función de la robótica, el internet de las Cosas, la inteligencia artificial, en la computación en la nube, y son los que seguirán estando en la cresta de la ola”? Ciertamente, las distintas modalidades de informalidad empresarial, laboral y espacial, más el rezago tecnológico son los principales escollos para el crecimiento de la economía colombiana.

Como era de esperar, el Presidente Duque sostuvo que para acelerar la formalización laboral se requiere un sistema tributario orientado hacia la equidad. Explicó el proyecto de Ley de Financiamiento en el contexto del presupuesto deficitario que heredó del anterior gobierno. Como el tema se ha comentado bastante en las últimas semanas conviene advertir que es propio de los regímenes democráticos la tensión entre políticos y tecnócratas. Para estos, la visión de la sociedad está representada en guarismos y cifras que no sufren ni sienten. La responsabilidad con el Programa del Gobierno propuesto en la campaña, con el ciudadano-elector, es de los ganadores, es de los políticos. Fue por eso que Uribe saltó a la palestra para oponerse a la extensión del IVA a toda la canasta familiar. El Partido Conservador hizo lo mismo.

Es que, en un momento de alta polarización, que no ha podido ser vencida por la ecuanimidad de un inteligente y joven Presidente que se ha consagrado a servir a los colombianos, extender el IVA del 18% a toda la canasta familiar y gravar las pensiones, es decir, a los que ya no producen, puede resultar imprudente. A pesar de la evidente necesidad de encontrar $14 billones para el 2019, la oposición está vendiendo la propuesta tributaria de Carrasquilla como una persecución a los pobres, a la clase media y a los de la tercera edad. Por lo tanto, un gobierno con legitimidad popular como el actual y que está decidido a trasformar las viciadas costumbres políticas colombianas, debe responder escuchando a la ciudadanía y oyendo las voces de la Colombia profunda que, en gran medida, fue la que decidió la victoria en Junio/2018.

Las mentes brillantes que hay en el Gabinete deberán encontrar alternativas tributarias que no impliquen entregarle la calle (¿y las próximas elecciones?) a la izquierda  totalitaria. Es un riesgo que la democracia colombiana no debe correr.