Peligroso legislar al galope

En cualquier Estado del mundo, y más si es un Estado de derecho, legislar con ligereza, según el humor de cada día, es suicida para el Estado y suicida para el derecho.

Con el apresuramiento se corre el riego de amanecer al día siguiente con un humor distinto y una legislación en contravía. Además, los hechos no saben de humores y temperamentos, son como son, independientemente del ánimo de quien los mira.

Es el peligro en  que estamos a punto de caer a propósito de las sanciones impuestas por la Procuraduría al alcalde Petro. El ambiente sigue caldeado, y lo seguirá por algún tiempo, pues las chispas saltan a campos distintos, desatando cada una su propio incendio.

Las lecciones del primer acto son deplorables. Le mostraron al país que cuando un funcionario público es sancionado por autoridad competente y, después de ejercer su defensa conforme a lo previsto por la ley le confirman la sanción, hay una opción distinta a acatar el fallo: convertir el caso en un escándalo político. 

Puede convocar a sus partidarios, mantenerlos aguantando agua y frío en la calle, alegar persecución política, declararse en rebeldía ante las autoridades, pronunciar discursos encendidos contra quien lo sancionó, volver un problema personal la investigación, en fin, complicar tanto las cosas que cada día hay un tema nuevo que acapara la atención pública.

En esta oportunidad, por ejemplo, pocas horas después de conocerse la noticia empezó la discusión sobre si la Procuraduría puede sancionar con pérdida del cargo a funcionarios elegidos mediante el voto popular. Esa chispa prendió su hoguera y todavía sigue la controversia.

La invasión de tutelas, que casi sepulta los despachos judiciales bajo un alud de memoriales copiados del mismo modelo, planteó serios cuestionamientos sobre el abuso de un recurso jurídico que  los ciudadanos aprecian como el  camino casi único de  mover el pesado aparato judicial. Otra chispa, otra hoguera.

Y en el exterior se desplegó el espectáculo de unas protestas por falta de justicia, presentadas por quienes estaban usando y abusando de los mecanismos judiciales. Esta chispa llegó más lejos y nos obligó a enfrascarnos en una controversia internacional, como si no tuviéramos ya suficientes temas de preocupación en el frente externo. Otra hoguera que se prende.

Ahora entraremos al análisis de la justicia disciplinaria y        los organismos que la ejercen. El ambiente es el peor. Las reformas que se adopten al calor de la controversia lanzarán a la justicia en mitad de un mar de intereses electorales, intervenciones extranjeras y riñas locales.  

La Procuraduría  tiene unas funciones y las ejerce. Quienes no estén de acuerdo usarán todos los recursos legales y otros de su invención. Sucedió en el pasado y ocurrirá en el futuro. Pero la reacción no puede ser modificar las normas de la justicia disciplinaria, porque alguien no está de acuerdo con la manera como procedió en un caso determinado. Sería decirle al país que no se deben obedecer los fallos adversos,  sino lanzarse contra las personas que los dictaron y descuartizar las instituciones competentes, para asegurar que las infracciones queden sin sanción y que los organismos de vigilancia y control pierdan su razón de ser.