El agro colombiano requiere de políticas de Estado, "no sólo de decisiones coyunturales o para periodos específicos de un sólo Gobierno".

Visión de largo plazo y estabilidad en los programas.

"En los momentos actuales no corresponden siquiera a un cuatrienio, sino a lo que pueda durar un ministro en el cargo."

Lo planteamos hace una semana en esta columna y hoy retomamos el tema.

José Antonio Ocampo, ex ministro de Agricultura, fue el autor de la iniciativa que dio pie a la ley Marco del sector agropecuario, 101 de 1993, a partir de la cual han sucedido cosas importantes para el campo, quedando todavía mucho por hacer; con mayor razón, ante los compromisos que deparan los Tratados de Libre Comercio.

Ocampo, hombre de muy respetable y reconocida experiencia, ha vuelto 23 años después de promulgada la citada ley, a brindarnos sus recomendaciones en la "Mision Rural", e igualmente, habiendo firmado contrato para la elaboración de un estudio con la Sociedad de Agricultores de Colombia SAC, nos dejó entrever algunas de las bases del mismo, durante su conferencia en el Congreso Internacional de Financiamiento y Comercialización Fyca, en Cartagena de Indias, convirtiéndose sus apreciaciones, prácticamente en el tema central del evento.

Me refiero a la  urgente necesidad de disponer de una política de largo plazo en el campo colombiano, al acceso a los mercados y al impulso que debe darse a la agricultura empresarial.

Se trata del racional aprovechamiento de las capacidades y potencialidades regionales, siendo para este caso, fundamental la visión de cadena y la disponibilidad de instrumentos para mejorar la productividad agrícola y pecuaria, la comercialización y la agregación de valor.

Entre tanto, no menos importancia tiene la agricultura familiar tal y como lo expuso el viceministerio de desarrollo rural en igual ocasión,  soportando su iniciativa en la seguridad alimentaria y como  alternativa para superar la pobreza de muchos campesinos.

Dos enfoques, dentro de una misma realidad.

El primero para inversionistas y el otro, marcadamente asistencialista.

Uno con orientación comercial, tecnología de punta, organización y gestión empresarial; obras de infraestructura, distritos de riego, y capital intensivo de origen nacional e internacional.

El otro, de alcance doméstico poco exigente en mano de obra calificada, con créditos especiales a tasas blandas amparados con FAG.

El primero con economías de escala, competitiva, de alta eficiencia, y de gran impacto en el desarrollo regional y nacional con una perspectiva global

El otro, en zonas  de minifundio, de enfoque asociativo para el autoconsumo o  con destino a los intermediarios de los mercados locales principalmente.

Los dos muy importantes desde el punto de vista sociopolítico; sin embargo, la gran diferencia radica en la poca atención que se le ha prestado al primero, a pesar de contribuir también a la soberanía alimentaria, a la generación de empleo y de divisas; frente a la politización que ha sufrido el segundo; muestra de lo cual es que aparece con marcado énfasis en los Acuerdos de la Habana como parte de las estrategias de paz, mientras la inversión a gran escala, principalmente la extranjera, siempre ha sido vista con recelo  a pesar de ser una actividad económica que contribuye a la producción de alimentos, promueve el empleo, desarrolla la cadena de valor y genera riqueza.