Las épocas de empalme se caracterizan por una gran incertidumbre y curiosidad, sobre quienes van a ser finalmente los colaboradores del primer mandatario. Quiero referirme en esta ocasión, sin embargo, a dos aspectos que no son propios del “sonajero” sino más bien de la buena marcha de la agenda pública del país. El episodio de la JEP demostró que los temas de paz pueden ser altamente desgastadores, y distraer la atención del nuevo gobierno en asuntos que, aunque importantes, no necesariamente son los prioritarios.

La idea sería la siguiente: que el nuevo gobierno -aprovechando que está en su “estado de gracia”- metiera en una especie de canasto todos los ajustes que piensa hacerle a los acuerdos de paz de La Habana, y que éste fuera el primer temario del gran acuerdo político nacional del cual se ha venido hablando.

De esta manera antes de terminar el año se expedirían por el nuevo Congreso las leyes o aún los actos legislativos que esos ajustes requieran. Y así, en no más de un semestre, saldríamos de los temas de los ajustes a los acuerdos de paz. Que como ha demostrado la discusión de la reglamentación del procedimiento de la JEP pueden tornarse interminables.

El país requiere superar este tema de los “ajustes” lo más pronto posible para poder tranquilizar los ánimos y dedicarle todas sus energías a la gran tarea, (en gran parte inconclusa y coja) que es la implementación del postconflicto. Y esto debería hacerse en un gran paquete legislativo (no al menudo) y de una sola vez en este segundo semestre del 2018. De lo contrario vamos a arrastrar el tema de los anunciados “ajustes” a los acuerdos de paz a todo lo largo del cuatrienio.

De otra parte: el presidente electo ha dicho que querría ver “su” reforma tributaria aprobada antes de terminar el año del 2018. Varias preguntas surgen al respecto. ¿Qué tan preparado está el nuevo equipo gubernamental para afrontar esta gigantesca tarea? ¿Ya tienen redactado un texto de reforma que someterían a los correspondientes acuerdos políticos inmediatamente se abra la nueva legislatura el 20 de Julio? ¿O apenas van a empezar a redactarla?

Si hay algo complejo y dispendioso dentro de la técnica jurídica es redactar una reforma tributaria coherente, tanto más si con ella se tiene una vocación simplificadora de la maraña de artículos que componen el Estatuto Tributario. Esta, a mi entender, debería ser labor prioritaria del nuevo equipo de gobierno en las semanas que vienen. Debe recordarse también que para que la reforma tributaria se pueda aplicar a partir del 1 de enero de 2019 debe estar aprobada a más tardar el 31 de diciembre de 2018.

Darle pues primera prioridad a estos dos aspectos (ajustes a los acuerdos de paz y reforma tributaria) en lo técnico y en lo político le permitiría al nuevo gobierno despachar antes del mes de Diciembre dos asuntos que, de no concluirse pronto, van a generar ruido e inconvenientes graves en la gestión gubernamental; van a distraer la atención ciudadana y política, y va finalmente a generar innecesario desperdicio de esfuerzos.