Cuando escribía unas líneas sobre el eclipse de la democracia en el artículo pasado publicado en este diario, no imaginé que el mismo suscitara diversos comentarios e interrogantes entre constitucionalistas y gentes del común. Algunos me dijeron que cómo decía eso, en cuanto aquí casi todos los días el gobierno invoca la democracia y sus opositores hacen los mismo. En especial, en lo que se refiere a la democracia participativa consagrada en la Constitución.

Es verdad, los distintos bandos de la política se arropan en la democracia, lo hace tanto la oposición como el que gobierna. En los acuerdos de paz se insiste en el sentir democrático para perdonar a los alzados en armas, como ocurrió en La Habana, donde a los de las Farc que entregan las armas se les premia con toda suerte de ventajas, hasta que algunos de los jefes de la misma se conviertan en legisladores. Por supuesto, transar la ley a ese extremo, aún con el propósito loable de conseguir la paz, es como jugar con dinamita. En consecuencia, otros grupos armados se formarán para lucrarse, aterrorizar la sociedad y luego negociar para cosechar ventajas.

Las tales condiciones que entraron en vigencia entonces desbordan los límites constitucionales, por lo cual se lleva al pueblo a votar por respaldar o no la política oficial de paz acordada en La Habana. Fórmula que el constituyente primario derrota en las urnas. Mas el gobierno siguió adelante su política extrema de distensión, que fue aceptada por los jefes de la oposición. Todo en aras de la paz.

Aducen que los demás grupos armados se acogerían a la paz, no fue así. Por lo general, se desmovilizan unos y otros siguen en la violencia y los negocios ilícitos. En el fondo, cuando se extralimitan los gobiernos en despenalizar y premiar a los alzados en armas, lo que hacen es fomentar que surjan más frentes subversivos por cuenta de elementos de diversa índole, incluso de la delincuencia común, que alegan carácter político para eludir la acción de la justicia y conseguir que sus delitos les sean condonados. El Libertador Simón Bolívar señala que los gobiernos débiles perdonan a los conjurados y a los alzados en armas, lo que debilita el Estado en grado sumo. Por lo mismo, incluso, se declara partidario de la pena de muerte, que aplicó en algunas oportunidades extremas.

Actualmente, los violentos en armas exigen más ventajas o similares a las que se les dieron a los de La Habana, en el mismo sentido de las que antes consiguieron los del M-19 al firmar la paz. Un militante de un grupo subversivo de origen campesino, quizá reclutado a la fuerza o forzado a la violencia por vivir en una zona caliente, al entregarse, liberarlo de la prisión, es entendible. No es lo mismo cuando los cuadros de esos grupos subversivos tienen el respaldo de un tercer país, como ocurrió con el apoyo de Cuba a la subversión en tiempos del comandante Fidel Castro, razón por la cual la Casa de Nariño acepta negociar en La Habana con los resultados conocidos.

En ciertos aspectos, al llegar el actual gobierno al poder con su demagogia de atentar mediante la expropiación contra el sistema de propiedad en el campo, como de favorecer a los invasores y fomentar organizaciones campesinas e indígenas, que podrían multiplicar el despojo a los legítimos propietarios, le hace el trabajo de campo a los agentes de la subversión. Esto mediante resoluciones y decretos de diversa índole, en los que bajo la aparente legalidad se atenta contra la propiedad privada, garantizada por la Carta de 1991. Por eso reputados constitucionalistas sostienen que al amparo de dicha Constitución se pueden hacer un gobierno de izquierda, centro o de derecha.

Por lo mismo, entran a jugar un papel fundamental las altas cortes, que son las que deben decidir sobre los entuertos judiciales de los decretos antidemocráticos y contrarios al bien común, con los que parece deleitarse la Casa de Nariño; en tal caso no solamente la Corte Constitucional, sino otras instancias jurídicas. El problema es que aquí tenemos demasiadas cortes, siempre existe la posibilidad de que lo que anula una, quizá, mañana lo pueda facilitar otra. Además, entre nosotros, las cortes en algunos casos legislan, algo que desborda aparentemente sus funciones. Al observar ese galimatías jurídico-político, no deja uno de recordar que cuando teníamos una Corte Suprema con la Carta de 1886, se ofrecía mayor seguridad jurídica a los colombianos.

Así que el futuro político nacional se cocina no solamente en el Congreso, sino en sonados litigios y escándalos judiciales en los cuales está envuelto el gobierno, que podría sufrir un jaque mate, lo que desataría un peligroso y desestabilizador vacío de poder.