Primero: acordar la vía de solución

Hay varias iniciativas sobre el tapete para encontrar una solución al problema pendiente de la tragedia del Palacio de Justicia. La última, apadrinada aparentemente por el expresidente Uribe y dada a conocer por el senador Vélez en entrevista reciente a uno de los medios de comunicación, consistiría en una reforma constitucional que permitiría extender las gracias del indulto o de la amnistía (de la cual disfrutan quienes asaltaron el edificio), a los militares que resultaren involucrados en la defensa -con excesos- del Palacio.
Habrá que partir de la base de que los hechos ocurridos, como lo señalara el hijo de una de las víctimas, el jurista Yezid Reyes, no pueden calificarse de “lesa humanidad“, para contradecir la apreciaciones del Tribunal de Bogotá que les da esa connotación a las desapariciones que ocurrieron dentro del episodio penoso que conmovió al mundo. El periodista y jurista Rafael Nieto Loaiza, por su parte, en su columna de El País de Cali precisa el concepto (que comparto) con citas pertinentes del Tratado de Roma, de que solo tienen carácter de delitos de lesa humanidad las desapariciones que ocurren en los casos y circunstancias allí previstas, esto es como parte de un ataque generalizado o sistemático contra la población civil. Esa condición no se cumple en el caso del Palacio de Justicia, y de ahí que no se pueda solicitar, con fundamento en una apreciación equivocada, la intervención de la Corte Penal Internacional para que pueda juzgar eventualmente al expresidente Betancur.
También, para pensar en una solución, habrá que tener en cuenta que la reconstrucción de la verdad histórica de los hechos ha quedado registrada, no solamente en pronunciamientos judiciales sino en el Informe Final de la Comisión de la Verdad sobre los hechos del Palacio de Justicia, investigación exhaustiva que por la respetabilidad de sus integrantes, los ilustres magistrados Jorge Aníbal Gallego, José Roberto Herrera y Nilson Pinilla, merece total credibilidad; por lo cual, no podrá hablarse de que se haya tendido un manto de olvido sobre la tragedia. Pero, como lo dice la misma Comisión de la Verdad, no se excluye que se otorgue el perdón de los involucrados, en una solución de punto final.
Por nuestra parte, ya planteamos en artículo anterior que se incorpore al pueblo en la solución, por la vía institucional de la consulta nacional popular, prevista en el artículo 104 de la Constitución Política, o por la vía del referendo, si se quiere hacer participar al binomio Congreso-Pueblo.
El Gobierno, los legisladores y aun quienes escribimos columnas de opinión, debemos contribuir a que la amnistía y/o el indulto se otorgue a los militares involucrados en la tragedia, así el coronel Plazas Vega lo rechace, en actitud respetable pero no exenta de soberbia. Por encima, están los intereses del país que no considera justo que solo el M-19 se haya hecho acreedor a la gracia del perdón.
Pero acordemos antes y, como punto de partida, la vía que debe escogerse para hacerlo posible.