Efectos de la justicia espectáculo
Llama la atención que personas que han desempeñado altas responsabilidades en nuestro país durante el ejercicio de funciones públicas, hayan decidido no someterse a la justicia para responder de los cargos que autoridades competentes les han imputado. Las razones que alegan esas personas tienen que ver con falta de garantías procesales o parcialidad en las investigaciones que se les han seguido por supuestos motivos políticos.
Un buen observador de los acontecimientos apuntaba que casi todas las personas renuentes que han buscado refugio territorial en otros países han sido funcionarios del poder ejecutivo; que solo una de ellas ha hecho parte de un órgano de control, y ninguna, del órgano legislativo del poder público. En verdad, que sepamos, no hay ni excongresistas, ni exdiputados ni exconcejales, pidiendo asilo político en otro país. Tampoco, ningún fiscal o magistrado se ha fugado del país, así existan en la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes numerosos expedientes contra muchos de esos servidores públicos con fuero.
Pero más allá de esas observaciones, preocupa que allende el mar la imagen de Colombia sea la de un país donde existe una justicia politizada, porque altos funcionarios públicos del más alto nivel hayan buscado -y obtenido- asilo en países extranjeros, con cuyos gobiernos ha existido una relación diplomática de vieja data, y amistad y admiración mutua entre sus pueblos.
Si Estados Unidos de Norteamérica, si Canadá, si Panamá, han concedido asilo político a un exministro de Agricultura, a un excomisionado de Paz, a una exdirectora de Seguridad y si, eventualmente, Italia llegare a conceder ese mismo derecho a una excontralora general de la Nación, ¿no dan pie, esas determinaciones, para reflexionar sobre las razones que llevaron a gobiernos amigos de Colombia para conceder el asilo a exfuncionarios supuestamente víctimas de persecución política por parte de quienes administran justicia? ¿No es muy grave que exista esa impresión y/o certeza en los gobiernos que ampararon con el derecho asilo a exservidores públicos de nuestro país? ¿Acaso, esas determinaciones no fueron precedidas necesariamente de informes de las misiones diplomáticas de dichas naciones, acreditadas en Bogotá? ¡Vaya uno a saber! Diría nuestro inolvidable expresidente Alfonso López Michelsen, cuando se encontraba ante situaciones tan delicadas y complejas.
Pero de lo que sí podemos dar fe muchos colombianos es que en las dos últimas décadas la justicia espectáculo -que aúpa el amarillismo mediático-, es la que se ha venido practicando en nuestro país. Y como es una verdad objetiva -que como tal no necesita demostración-, llegamos a la conclusión de que al exceso de protagonismo de muchos de los operadores de justicia y a su politización evidente, debemos hoy que en buena parte del mundo se dude de la seriedad de nuestra democracia.