Hora de consultarle al pueblo

 

“Más que la culpabilidad de Plazas Vega o la responsabilidad de Belisario, lo que está en juego es si el país puede o no cicatrizar las heridas del pasado”. (Revista Semana, edición 1.553) 

La reflexión de Semana, destacada en su carátula, resulta pertinente. En verdad, no hemos podido resolver de manera concluyente o definitiva el caso de la toma del Palacio de Justicia. Las heridas permanecen abiertas y sangrantes, y sólo uno de sus protagonistas -el M19- se ha beneficiado con el perdón; gracia que, pese a los reparos que hacen los activistas de los derechos humanos por estos tiempos, ha sido el único instrumento eficaz para resolver situaciones críticas extremas en la humanidad y en todos los tiempos.

Habrá que precisar, sin embargo, que por decisión de los mandos militares la gracia de la amnistía no cobijó a miembros del Ejército al asumir éstos una posición éticamente respetable -pero acaso históricamente equivocada-, en el sentido de que no podía colocárseles al mismo nivel de los subversivos. Porque los consideraron defensores de la democracia y no asaltantes de ella.

Los expedientes demuestran, sin embargo, que hubo excesos en esa defensa y violación de los derechos humanos en algunos casos. Si esas violaciones cometidas por el M-19 en grado sumo fueron perdonadas, el haberse colocado las propias Fuerzas Militares por fuera del marco de ese perdón no resultó razonable así, éticamente, repetimos, la determinación fuere la correcta.

Con el fallo del Tribunal de Bogotá de condena al coronel Plazas Vega y de emplazamiento al expresidente Betancur para que eventualmente responda ante la Corte Penal Internacional por los crímenes de lesa humanidad cometidos en la toma del Palacio de Justicia, habrá que replantear, necesariamente, vías de solución que definitivamente permitan cerrar ese capítulo vergonzoso de nuestra historia.

Sería un verdadero despropósito, por ejemplo, como lo observara el ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra Portocarrero, en su entrevista de El Tiempo con María Isabel Rueda, que después de haber sido absuelto el expresidente Betancur por la autoridad competente en Colombia -la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes- tuviere éste que comparecer ante esa Corte como si la condición de no haberse aplicado justicia en su país no se hubiere cumplido, para justificar esa intervención.

El presidente Santos, a quien justamente han preocupado las consecuencias que puede tener el fallo del Tribunal, tiene un recurso a la mano para resolver una situación que no puede seguir proyectándose en el tiempo como elemento perturbador de nuestra vida institucional.

Proponemos, señor Presidente, que usted le consulte al pueblo la decisión trascendental, en los términos del artículo 104 de la Constitución Política, de que se aplique, por la vía de la ley, a los militares el mismo tratamiento que merecieron los guerrilleros del M-19 en la toma del Palacio de Justicia.

Razones de orden público y político aconsejan apelar a esa vía, más allá de las reservas que puedan hacer hoy los fundamentalistas del nuevo Derecho.