Nunca he militado en el partido conservador, pero hace varios años el noble y cordial amigo que fue Jaime Rivera Cosme, quien ocupaba una secretaria en la dirección de ese partido, tuvo a bien invitarme a varios eventos importantes que me permitieron desde entonces conocer y apreciar la personalidad y la obra política de quien en ese momento ocupaba la dirección de la colectividad azul.
Hace más de seis meses, antes de que los diarios lo anunciaran, Jaime Rivera tenía claro que su amigo Efraín Cepeda S. ocuparía la presidencia del Senado y por ello me prometió que le llevaría mi propuesta de que a través de dicha institución se cumpla lo dispuesto en el artículo 314 de nuestra Constitución que en su inciso final expresa textualmente: “La ley establecerá las sanciones a que hubiere lugar por el ejercicio indebido de esta atribución” (se refiere a la atribución que tienen el Presidente de la República en el caso de Bogotá y a los gobernadores departamentales en los demás casos, para suspender o destituir alcaldes). Dolorosamente Jaime Rivera falleció hace unos tres meses, en tanto que el Dr. Efraín Cepeda S. acaba de posesionarse en la presidencia del Senado de Colombia con un excelente discurso en el que trató cinco temas trascendentales para el país, entre ellos el de la urgencia de una mejor atención para la salud mental de los colombianos. Ese tema de la salud mental es fundamental en Colombia y en el mundo entero; baste anotar al respecto que, según estadísticas serias, desde hace muchos años más de un cuarenta y cinco por ciento de las camas de las clínicas y hospitales del mundo han estado ocupadas por enfermos mentales. A propósito, parece cosa de enfermos el hecho de que nuestro Congreso, por iniciativa propia o del Gobierno Nacional o del Procurador General de la Nación no haya dictado la ley ordenada en la Constitución para proteger a los alcaldes del país, que en todo tiempo son servidores públicos sometidos al chisme y la maledicencia pública, la politiquería municipal y los intereses económicos perversos.
Por el hecho de que no se ha cumplido la orden constitucional de expedir una ley que fije las sanciones en las cuales podrán incurrir el Presidente de la República y los gobernadores departamentales, si hacen uso indebido de la facultad de suspender o destituir alcaldes, existen en el país hoy más de quinientos alcaldes mal suspendidos o destituidos y el asunto no parece importarle a nadie.
Por intermedio de otro noble y cordial amigo, el muy atento y diligente Dr. Gregorio Eljach Pacheco, Secretario General del Senado de la República, le enviaré al nuevo Presidente del Senado Dr. Cepeda S. un pequeño libro titulado “Vida o Muerte en Santamagna” cuya cuarta edición todavía circula en algunas librerías y en el cual, en forma de cuento, denuncio con detenimiento la desobediencia constitucional que se viene cometiendo en Colombia contra sus alcaldes.
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