Los problemas que aquejan a nuestra sociedad requieren ser enfrentados con carácter, claridad y responsabilidad. El caso del Icetex, una institución clave para el futuro educativo de miles de colombianos, no es la excepción. La reciente revelación sobre su grave situación financiera nos pone ante una crisis de gran magnitud, afectando no solo a los estudiantes que actualmente disponen de un auxilio, sino también a aquellos que soñaban con alcanzar la educación superior a través de su apoyo y vienen gestionando el soporte.

Esta crisis del Icetex no solo desfinancia carreras ya en curso, sino que también socava las esperanzas de innumerables jóvenes y sus familias, quienes depositaron su confianza en un sistema que parecía sólido; sus sueños, construidos con sacrificios personales y familiares, se ven ahora truncados por una debacle económica que no debería haber sucedido si los directivos y responsables de su ejecución, hubieran puesto el mejor de sus esfuerzos en proteger estos recursos inamovibles y sagrados.

Y, para mayor desdicha, se agravó la situación con las declaraciones del ministro de Educación, quien intentó desvincular a su cartera de la problemática alegando que esta recaía más en Hacienda y Crédito Público, generando un escenario de enfrentamiento oficial entre dos ministerios vitales para el país. Este tipo de declaraciones, desafortunadas y mal calculadas, no hacen sino aumentar el desgaste institucional, desviando la atención de lo que realmente importa, encontrar soluciones efectivas.

El camino para revolver este desafío es claro y debe enfocarse en la cooperación interinstitucional, mientras Hacienda se encarga de encontrar y recuperar recursos que puedan solventar el déficit, el ministerio de Educación debe revisar la ejecución presupuestal del Icetex, identificar los desajustes y tomar medidas inmediatas para mitigar el impacto de esta crisis. La búsqueda de culpables es una tarea necesaria pero no prioritaria. En este momento lo urgente es proteger el derecho a la educación, el futuro de los jóvenes y, en consecuencia, el desarrollo del país.

No podemos ignorar que dejar de financiar la educación de los más necesitados equivale a fallarle al país en sus compromisos sociales y éticos, es faltar a las promesas de campaña que pusieron a la educación como una prioridad nacional, y es traicionar la confianza de quienes ven en el conocimiento una vía para superar la desigualdad.

El Icetex no puede ser abandonado a su suerte, esta crisis exige respuestas firmes y coordinadas, así como un compromiso genuino con el derecho fundamental a la educación. La responsabilidad es de todos, pero la solución debe venir del Estado, en su función de garante del bienestar de los ciudadanos; hoy más que nunca el futuro de Colombia exige que los intereses personales o políticos queden de lado y que prevalezca el interés nacional. La educación no puede esperar.