El hurto de equipos terminales móviles (ETM) es un problema de seguridad nacional. Los operadores han trabajado arduamente en uno de los ejes que se definió en la Estrategia Nacional del hurto contra celulares desde 2011 y que luego se reformuló en el 2015, que iba dirigida inhabilitar los equipos celulares. Los ejes principales de la estrategia reconocen que es un problema de seguridad nacional, por cuanto enfocaban la acción de las autoridades en: lograr un ataque frontal a organizaciones criminales, fortalecer el proceso de judicialización, flexibilizar canales de denuncia, lograr mayor efectividad de allanamientos y ejercer un mayor control en las fronteras. Los datos suministrados por la Fiscalía dan cuenta de que la acción en esos frentes no ha sido efectiva, por cuanto el flagelo del hurto de celulares crece a nivel nacional.
Tomando en cuenta los celulares que se bloquean por hurto, en el primer semestre de 2019 el promedio es de 100 mil celulares al mes, lo que demuestra un problema estructural, que amerita un trabajo conjunto y articulado de las autoridades relacionadas. Según cifras del Distrito, se ha generado una reducción del hurto de celulares en Bogotá del 8,1%, lo cual da cuenta de que hay unos primeros pasos en la dirección correcta desde las autoridades encargadas de la seguridad ciudadana en la ciudad capital.

Para inhabilitar los equipos celulares, el Gobierno Nacional expidió 23 resoluciones con medidas técnicas, como la creación de la base de datos negativa, base de datos positiva, procedimientos de registro de IMEI, controles de importación y exportación de terminales móviles y sus partes, proceso de control para los IMEI sin formato, inválidos, no homologados, no registrados y duplicados, con base en el tráfico diario que se cursa en las redes móviles, validación de IMEI duplicados en el proceso de portación, entre otros.

Estas resoluciones han obligado a los operadores a asumir altos costos en medidas técnicas, cerca de 30 millones de dólares en los últimos 5 años. A pesar de lo anterior, no se han obtenido los efectos esperados en cuanto a la reducción significativa del hurto de equipos móviles. Adicionalmente ha sometido a los usuarios a un trámite tortuoso para la utilización de sus equipos, imponiéndole tramites dispendiosos e ineficientes como la necesidad de registrarse en la base de datos positiva.
Colombia es el único país que tiene una lista positiva, que incluye todos los equipos celulares legales.

También se evidencia, que a diferencia de lo que ocurre con otras industrias, la tecnología por sí misma, no es apta para resolver la problemática estructural de hurto, lo que requiere el desarrollo de nuevos mecanismos, para los que la colaboración público privada y la aproximación a toda la cadena de producción y comercialización de ETM, son fundamentales. La CRC en 2019 abrió un proyecto tendiente a revisar las medidas técnicas, dentro de su diagnóstico encontró que hay una concentración de los esfuerzos frente al hurto, en el control en medidas técnicas que se realizan por los operadores, sin que pueda evidenciarse el mismo nivel de esfuerzo en el resto de los eslabones de la cadena.

Resulta fundamental golpear la rentabilidad de las estructuras delincuenciales, que puede llegar al billón de pesos cada año. Se deben enfocar acciones contra el mercado y comercialización, lideradas por la Policía, las Alcaldías y la Fiscalía. Así como estudiar otras medidas más efectivas a nivel de fabricantes de equipos que han funcionado en otros países como él (kill Swicht), para que los teléfonos queden inservibles definitivamente.