Es bien sabido por todos que emplearse en Colombia es un drama para la gran mayoría. Tener un empleo con todas las de la ley es casi un sueño. El 58% de los colombianos, según cifras oficiales, está en la informalidad, pero podrían ser muchos más.
¿Qué significa estar en la informalidad? Que aunque trabaje como una mula, su labor probablemente no es bien remunerada. Pero, además, que no cotiza para salud, por lo que debe afiliarse al Sisbén; no cotiza para pensión, por lo que no tendrá cubrimiento en su vejez; no está afiliado a una administradora de riesgos profesionales, por lo que no recibirá atención en caso de accidentes o enfermedades relacionadas con su actividad laboral, ni se verá beneficiado con indemnizaciones o una pensión por invalidez.
El trabajador informal también se priva de recibir periódicamente un uniforme o una ropa adecuada para efectuar su labor, incluyendo el calzado. Y no está inscrito en una caja de compensación, privándose de sus beneficios. Cualquier gabela que la ley otorgue al trabajo legal le es impropia: el salario mínimo, el auxilio de transporte, el recargo de nocturnos y festivos, el derecho de afiliarse a un sindicato, y muchos otros etcéteras del código laboral.
Pero volvamos al caso de la pensión. En Colombia solo se pensiona 1 de cada 4 personas. Tanta informalidad ha hecho que tengamos una horda de más de 5 millones de adultos mayores que no tienen pensión porque no lograron cumplir los requisitos. Muchos de ellos no se afiliaron a fondos de pensiones por razones absurdas como “esa plata se la roban”, “uno no alcanza a pensionarse nunca”, “los hijos se tienen que encargar de uno cuando viejo”, etc. Pero la mayoría porque sus ingresos no les alcanzaban para algo más que comer.
Por eso, cualquiera ve con buenos ojos que la reforma pensional incluya un primer pilar solidario que le va a otorgar a 2,5 millones de personas mayores de 65 años y sin pensión, una ayuda de 223.000 pesos mensuales con los que muchos paliarán el hambre. Son cerca de 7.400 pesos diarios que no alcanzarían para nada más, pero cuyo costo anual es de casi 6,7 billones de pesos, o sea de una tercera parte de la reforma tributaria que nos clavó este gobierno.
El problema es que las reformas laboral y pensional no hacen nada para crear empleo formal ni para reducir la informalidad. De hecho, la ministra del Trabajo, Gloria Ramírez, ya admitió que la laboral no va a crear empleos. ¿Entonces?
Y a quien le parezca una limosna miserable lo que le va a dar ese adalid que está entre los 100 más influyentes del mundo (Time) a una parte de los viejitos desvalidos de este país, hay que contarle que la reforma contempla el llamado pilar semicontributivo mediante el cual serán beneficiarios de una renta vitalicia quienes no alcancen a cotizar menos de 1.000 semanas, que son como el 70% de los afiliados en edad de pensión.
Unas mesadas pensionales que harán ver como oligarcas a los viejitos del pilar solidario porque a quienes hayan cotizado 400 semanas, que son la mayoría, les darán cerca de 50.000 pesos mensuales, o sea unos 1.600 pesitos diarios que no les alcanzarán para casi nada. Y eso a partir de los 65 años para todo el mundo, sean hombres, mujeres, no binarios, abogades, perros o gatos.
Así, este caos total (The Economist) está configurado para que todos malvivan de cajas Clap y salgan a caminar por toda Suramérica, y más allá. Por eso esta reforma pensional, así como las de salud y laboral, debe caerse en el Congreso sin contemplaciones, como todas las iniciativas de esta horda de malandrines. Ya la escasez de medicamentos dio el campanazo; pronto vendrá el control de precios, y se vislumbra la emisión de billetes para financiar al gobierno. Estamos cerca del punto de no retorno.
@SaulHernandezB