Una vez conocido el acuerdo al que llegaron la delegación de las Farc y los voceros del Gobierno en la mesa de La Habana sobre el mecanismo de escogencia de los magistrados de ese Tribunal, surgen algunas inquietudes.

El acuerdo revela una profunda desconfianza en los órganos de la administración de justicia. Por ello se acudió a una formula bastante sui géneris que incluye al Papa, al secretario de la ONU, al Centro de Justicia Transicional, a la Sala Penal de la Corte y la Comisión Permanente del Sistema Universitario del Estado, quienes designarán delegados para la elección de los magistrados.

Desde luego que nadie duda la transparencia de las entidades mencionadas, pero involucrar esas organizaciones es dejar el procedimiento en manos de quienes los representan en Colombia. Y no se entiende bien cómo un comité de respetables instituciones privadas puedan decidir la conformación de un órgano de la justicia que tiene un carácter estatal.

No se trata de un tribunal de opinión. El acuerdo transmite la impresión de que el funcionamiento de ese Tribunal depende no sólo de las calidades profesionales de quienes lleguen a integrarlo, ni de su conocimiento del alcance de la justicia transicional, que se puede verificar mediante concurso, sino de la actitud que se haya tenido frente al eventual acuerdo de paz.

En medio de todo ello está el planteamiento de que también hubo agentes del Estado que cometieron delitos graves, y que los integrantes de las Farc no pueden quedar en manos de los procedimientos tradicionales de los órganos de la justicia.

No es una comisión de la verdad de carácter judicial. El Tribunal juzgaría no solo los delitos cometidos por este grupo armado ilegal, sino por los agentes del Estado y miembros de la sociedad que hayan tenido que ver con la confrontación con esa organización armada ilegal.

El problema que surge es que no estamos en la etapa de finalización de la confrontación armada con todos los grupos armados, ni la justicia ha colapsado, como ha ocurrido en otras experiencias.

Por otra parte, el doctor De La Calle dijo que las Farc al admitir lo que la Corte Constitucional decidiera sobre el plebiscito estaban empezando a reconocer la institucionalidad como marco de actuación. Si así fuera, hay que acatar el fallo de la Corte que acaba de ser divulgado y en el que se anunció que las Farc deben deponer las armas antes de su realización porque ello hace parte de las garantías del ciudadano elector.

No olvidemos que los voceros de las Farc han dicho que la concentración de las tropas y la ejecución del cronograma del desarme están sujetas a que se vote primero el plebiscito y se acuerde el procedimiento de la amnistía para quienes no estén incursos en crímenes de guerra y lesa humanidad. Por lo pronto, sus posiciones no van en la misma dirección.

Por tanto, estaremos atentos a la manera como quede finalmente conformado el Tribunal para la Paz que tendrá que ser un órgano equilibrado de justicia.