Es evidente que Gustavo Petro violó los topes de financiación de la campaña presidencial y que a ésta ingresaron dineros ilícitos, probablemente provenientes del Gobierno de Venezuela a través del clan Torres. Cualquiera de esos dos hechos debería suscitar que sendas denuncias ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes deriven en un juicio por indignidad contra Petro y en una casi segura destitución, pero la realidad muestra otra cosa.

No se sabe muy bien si cuando César Gaviria dijo hace poco que a Petro había que ayudarlo a terminar su periodo lo hizo por oportunismo burocrático y olfato de politiquero para descubrir la ocasión perfecta para hacerse con una tajada del pastel o si lo dijo preocupado por la desestabilización que causaría un juicio de ese tipo, que lo paraliza casi todo, en vez de aguardar a que el susodicho termine en 2026 y no volvamos a saber de él.

Sin embargo, la sinceridad de Gaviria Trujillo es acomodaticia porque arguye que en las campañas políticas es normal que se violen los topes de financiación y que muchos aportes ni siquiera se registren en los documentos, lo que resulta ser una descarnada confesión de la manera en que se manejan las campañas del Partido Liberal y cómo obtienen los cargos de elección popular.

Semejante revelación riñe con la disposición del Consejo de Estado en el sentido de que un solo voto conseguido de manera irregular anula la elección para el cargo, lo que quiere decir que el jefe liberal está haciendo un llamado a incumplir la ley. Esa actitud también choca con el pasado del mismo Gustavo Petro, quien como congresista fue un férreo crítico y denunciante de la financiación ilegal de las campañas, como en el sonado caso de la parapolítica.

Mas, no debemos ilusionarnos mucho con el devenir de estas acusaciones. Recordemos que en el país hay una impunidad que supera el 95%, y esta no mejora cuando la investigación se deja en manos de la política, como ocurre en el caso de un juicio contra el presidente. Y ni siquiera cuando queda en manos de la Corte Suprema de Justicia, como cuando se investiga y juzga funcionarios aforados como son los congresistas.

Para la muestra, un botón: en 2017, el entonces senador Armando Benedetti (¡sí, el mismo!) denunció que, en 2014, se hicieron reuniones en las que varias empresas hicieron contribuciones para la reelección de Santos, y que no fue solo Odebrecht. Cada empresa habría dado 4.000 millones de pesos, superando los topes. Esta acusación lleva más de cinco años durmiendo en los anaqueles y no ha pasado nada.

Tal vez, Gaviria le apueste a la misma teoría del hoy registrador nacional Alexander Vega, quien archivó las investigaciones contra Santos y Óscar Iván Zuluaga en el Consejo Nacional Electoral, con la teoría de que era mejor que no pasara nada para evitar que se derrumbara el establecimiento. Hoy, la financiación ilegal de la reelección de Santos es más evidente que la de Petro, pero a menos que sea la justicia de Estados Unidos la que castigue, al nobel Judas no le pasará nada porque amarró los gatos con longaniza.

En cuanto a Petro, en la Comisión de Acusaciones nadie se atrevería a algo distinto que archivar el proceso. Ningún representante va a cargar con ese muerto. De hecho, la acusación se interpuso hace más de dos meses y ya ronca en alguna gaveta. Siendo realistas, más nos vale que Colombia sí aguante otros tres años.

@SaulHernandezB