No de otra forma podría haber fallado la juez 30 de garantías en el caso Uribe Vélez, so pena de prevaricar, o por lo menos esa es la idea que le queda al ciudadano de a pie, ante la información suministrada por los medios de comunicación, o sino que me desmientan los eminentes juristas, partidarios o no de la privación de libertad del doctor Uribe por la razón que fuere, lo cual indica que cualquier recurso en sentido contrario no podría prosperar. 

Se entiende que la juez actuó en derecho y de acuerdo a la norma. Se sabe que la decisión de la Corte Suprema sucedió cuando el expresidente aún era senador y se le juzgaba por la Ley 600 de 2000, que no es equiparable con la imputación de cargos a que se refiere la Ley 906 de 2004 ahora que no goza de su condición de aforado. O sea que existen por razón de los mismos hechos las dos opciones ante instancias distintas debido a su renuncia al Senado, pero no necesariamente estar libre significa ser inocente.

Obviamente, el proceso seguirá con Uribe en libertad, pero no sé descarta que una vez formulado el pliego de cargos, por los mismos motivos vuelva a perderla.

El asunto pareciera más de forma que de fondo; no obstante, las consideraciones de la Corte Suprema como máximo órgano que ejerce funciones de tribunal de última instancia, se supone habrán de respetarse y mantenerse.

Por su parte el exfiscal tolimense Eduardo Montealegre, afirma que Uribe libre "es un verdadero peligro para la administración de justicia y para la seguridad de las víctimas...", concepto absurdo totalmente para otros.

A propósito, alguien escribió esta frase que se ajusta al caso y que a continuación transcribo:

"... Se equivocan... al suponer que los intereses políticos están por encima del Estado de Derecho y del principio de legalidad."

Bienvenidos los elogios a la jueza por su carácter, por haber conservado su compostura, por haberle imprimido seriedad y disciplina al debate, por no haberse dejado manipular pero no propiamente por revocar la detención domiciliaria pues cualquier otro juez hubiese fallado igual.

En las noticias y comentarios se habla de que ha sido el caso "más importante y polémico de los últimos años", lo cual bien lo es por su impacto político, pero no lo era por tratarse de "una de las decisiones más difíciles de la investigación" como quiere hacerse creer.

Un fallo en derecho se ha vuelto en Colombia una pieza de lujo, un hecho excepcional, algo inesperado, tantos factores influyen en hacer valer la justicia que cada quién quiere aplicarla a su manera y de acuerdo con sus caprichos, olvidándose de las garantías procesales que deben darse y la objetividad de quien la administra de acuerdo a lo dispuesto en la ley. De la independencia de los jueces depende la suerte del caso, pero a criterio de algunos esa independencia supuestamente "no existe en la Fiscalía".