“Extradición es siempre una instrumentalización política”
En cualquier país la extradición es un tema que no ocupa mayores espacios en los medios de comunicación, ni en las discusiones públicas. En todos, las extradiciones son temas ocasionales que resuelven los jueces o el gobierno, de acuerdo al sistema que rija en cada lugar. Y en ningún otro país del mundo, a diferencia de Colombia, la sociedad desarrolla sentimientos de culpa por negar una extradición.
En los últimos 34 años, exactamente desde cuando el Presidente Belisario Betancur anunció desde la Catedral de Neiva (Huila), durante las exequias del ministro Rodrigo Lara Bonilla, el restablecimiento de la extradición, que él había dejado de aplicar por razones filosóficas de liberal que militaba en el partido conservador, Colombia se acostumbró a usar la extradición como instrumento sustitutivo de su sistema de justicia y, sobre todo, de su sistema carcelario.
Los Presidentes de Colombia que desde entonces han sido, se enorgullecen y lo reconocen públicamente, de sus cifras de ciudadanos extraditados. Cada uno emula con el anterior en el número de extraditados para superarlo. Es la absoluta perversión de convertir un vicio en virtud. Parecen no darse cuenta que cada ciudadano colombiano extraditado es una confesión pública del Estado colombiano de su incapacidad para procesar penalmente a sus nacionales.
El tema ha calado tan hondo que Policía Nacional y Fiscalía General de la Nación investigan aquí en Colombia, recaudan pruebas y se las entregan a los funcionarios judiciales estadounidenses para que sea allá donde abran los procesos y los pidan en extradición. La Constitución y la ley establecen el principio de oficiosidad que supuestamente es obligatorio para las autoridades nacionales, pero en la realidad opera de facto una renuncia a jurisdicción a favor de la estadounidense.
Una pequeña revisión de la evolución histórica de la extradición en Colombia evidencia que las últimas reformas legales introducidas al Instituto lo han sido para facilitar y agilizar el trámite, incluso eliminando cláusulas que daban prioridad a la jurisdicción nacional.
Como con el derecho penal en general, todos los legisladores y los funcionarios siempre promueven mayor dureza y menores garantías, hasta que ellos mismos o alguno de sus cercanos copartidarios termina siendo víctima del sistema. Entonces se rasgan las vestiduras por lo draconiano de la normatividad y acuden ante los tribunales gringos a denunciar la politización de los procesos que les “montaron” sus adversarios políticos de ayer, aliados de hoy.
Y es que con la extradición, como con cualquier tema que tenga que ver con la justicia, lo que hay siempre es una instrumentalización política. La petición de la de alias “Jesús Santrich” ha actualizado en la izquierda un discurso reformista que jamás sostuvo cuando los extraditados eran de otro bando.
En todo caso, harían bien los del Episcopado en suministrarle al señor “Santrich” algunas decisiones anteriores de la Corte Suprema en las que no solo se analizó el material probatorio para negarla (Radicado 17216) sino que se han negado para hacer prevalecer otros procesos de paz como el de los paramilitares, tal como se hizo con la de alias “El Alemán”. Es probable que la verdad lo haga libre…de comer.
@Quinternatte