Fernando Navas Talero | El Nuevo Siglo
Miércoles, 18 de Febrero de 2015

Un fiscal perseguidor

 

“Crimen y castigo” es una de las novelas más humanas que se hayan escrito y de las mejores de Dostoievski. Tiene muy variadas facetas para su análisis literario y, una que ahora conviene resaltar para entender la polémica pública que ha desatado la actitud del investigador colombiano encargado por la Constitución de perseguir los delitos y delincuentes, en la trama de la novela aparece dibujada con inteligente emoción: la actitud  del investigador para perseguir al autor del delito.

Raskólnikov se siente perseguido a causa de su culpa inconsciente, sin embargo, no hay prueba alguna que lo señale autor del asesinato de la usurera Aliona Ivánovna. No obstante,  Porfirio Petróvich, el obstinado investigador, no desperdicia motivo ni ocasión para demostrar lo que su inteligencia emocional o sexto sentido, como decían las abuelas, le indica acerca del crimen: Raskólnikov es el homicida.

Curiosamente, el lector, o el espectador cuando la obra se conoce a través del cine o el teatro, siente cierta animadversión hacia el funcionario que, en todo su derecho, debe aclarar el crimen. Así se sintió en la última puesta en escena de este drama en el Teatro Julio Mario Santo Domingo, dirigido por Leo Erenburg. Se genera una especie de encubrimiento entre el espectador y el homicida; se advierte una repulsa hacia la autoridad fisgona.

Históricamente, a una autoridad especializada se encarga la persecución del delito. Las leyes reglamentan esta competencia  en los códigos de procedimiento, disposiciones que varían según los tiempos y los intereses en juego. (Justicia transicional) No hay que olvidar que el legislador no es más que un amanuense del poderoso de turno y la ley su expresión.

La vieja Constitución, la de 1886, al Ministerio Publico, liderado por el Procurador, le asignaba la tarea de perseguir los delitos y los delincuentes, función que se dispersaba en su burocracia, de forma que no era ostensible la figura de la cabeza responsable, pues ante la opinión recaía la tarea en un funcionario en particular y no en la institución. Era la época del sistema inquisitivo. El fracaso de la investigación del asesinato de Gaitán únicamente se le achacó al juez de instrucción.

La reforma del 91 organizó el sistema acusatorio y a partir de esa enmienda la responsabilidad  es de un Jefe: el Fiscal General. A tal punto que conforme a reglas de procedimiento puede ser oportunista e investigar o no, según convenga. Esta estructura  lleva hoy a que el Fiscal General, para muchos, personifique la figura de   Porfirio Petróvich y se le censure por encauzar sus energías en la persecución de delincuentes que han atropellado sin reato la organización y  funcionamiento de la democracia. Y hasta aquí su protagonismo es justificado; se trata de un delito que afecta a la Nación entera; lo que  enturbia es sus posiciones políticas porque no existe norma que lo autorice  a tomar partido en asuntos de resorte de otras autoridades. Su indiscreción pone en tela de juicio la equidad.