Magíster Iuris

La querella por injuria promovida por el presidente ecuatoriano Rafael Correa contra el periodista Emilio Palacio y los directivos del diario El Universo, que culminó con el fallo de un juez que les impuso a los acusados pena de 3 años de prisión y una multa de 40 millones de dólares, ha desatado todo tipo de controversias, la mayoría de las cuales se dirigen contra el Mandatario, suponiendo que es él el autor del veredicto.
Al margen de la razón que pueda asistirle al querellante o a los acusados, lo cierto es que la providencia judicial, sin lugar a dudas, no guarda proporción alguna con la dosimetría penal e indudablemente es exagerada. Y lo que interesa ahora es analizar cuál es en el fondo del asunto el defecto que se advierte en la decisión, error de hombre que no es extraño en estos debates judiciales cuando los protagonistas son personajes que influyen para que la balanza se incline pesadamente y sin mayor sindéresis.
¿Cuál es la metodología o el razonamiento que habilita el estropicio para que se exhiba como justa decisión? Sencillamente la retórica judicial que para servir al amo acude a sofismas y teorías peregrinas. Procedimiento este tan antiguo como es la jurisprudencia, con orígenes en la confusión que los juristas procuran crear para servirle al poderoso no obstante que suelen mostrarse como hombres probos y justicieros.
La Justicia se siente. Sin embargo, hay jueces y abogados insensibles a ese sentimiento estético y se entretienen en la construcción de sofismas derivados de un Derecho acomodado a las circunstancias. Esta esquizofrenia tiene su causa en la formación del abogado; generalmente se le educa para defender a su cliente y no a la Justicia y en el otro extremo se encuentra el juez, que no suele consultar su conciencia y sí la norma equívoca puesta al servicio del poderoso y que nunca se detiene a confrontar el Derecho con la Justicia. El maestro Couture coloca al verdadero juez en la disyuntiva de luchar contra el Derecho injusto.
Está llena la historia de estos episodios que denigran de la Justicia. Al negro Infante, en los comienzos de la República (1825) lo condenaron a la pena de muerte sus jueces para congraciarse con el Hombre de las Leyes; semejante arbitrariedad fue la causa última de la disolución de la Gran Colombia, pues al magistrado Miguel Peña, ciudadano venezolano presidente de la Corte, lo sancionaron sus pares por negarse a firmar el veredicto; el reo se fue del país y más tarde se convirtió en la conciencia política del general José Antonio Páez.
Sabio debe ser el constituyente cuando de organizar la Justicia se trata y no lo ha sido ni aquí ni en Cafarnaum, pues si se parte del supuesto de que el juez es apolítico no se podrá encontrar nunca la fórmula para librar a este magistrado de las tentaciones del poder. ¿Será por esto que el mejor juez es el jurado popular?