¿Cuál democracia?

Uno de los muchos artículos que saturan la Constitución establece la obligación de la enseñanza de la Constitución y el fomento de la democracia participativa, precepto que se cumple a medias y con notable deficiencia, pues por principio se educa con el ejemplo y en Colombia, precisamente, lo que cunde es el mal ejemplo.

El Presidente lanzó recientemente su plan de choque para mejorar la calidad educativa: “Todos a Aprender”, cuyo propósito es mejorar los aprendizajes de los estudiantes de básica primaria en lenguaje y matemáticas; en otras palabras, capacitar para producir, independientemente de los valores que el país necesita que se fortalezcan para que las personas vivan en una sociedad decente.

En un profundo pero sencillo reportaje concedido por el profesor Guillermo Hoyos a El Tiempo, el maestro, echando de menos la formación filosófica en el proceso de formación ciudadana, afirma que: “No se debe minusvalorar o silenciar la filosofía porque elimina uno de los aspectos más importantes del pensamiento crítico utópico. Infortunadamente, en Colombia se está imponiendo una idea diferente de formación ciudadana, buscando solamente la formación para el trabajo, la productividad y la competitividad. A ello se quiere orientar una educación con fines de lucro. Se privilegia un tipo de investigación que olvida las ciencias sociales y las humanidades, con lo cual se debilita y marchita la democracia”.

Razón le cabe al filósofo Hoyos, pues entre tanto el Gobierno impulsa su plan de choque para mejorar la calidad de la educación por otra parte el Congreso, a la topa tolondra, aprueba una enmienda constitucional que, anunciada como remedio a la encrucijada por la que atraviesa el sistema judicial, se concreta a resolver aspectos coyunturales que únicamente solventan a unos pocos y deja al garete el desamparo general que el país vive en materia de Justicia. Prorrogar automáticamente el período de los magistrados de las altas Cortes o crear tribunales para juzgar a las cúpulas del poder, no toca para nada el fondo del problema, más bien es un remedo de Constitución y, por supuesto, de democracia.

¿Que tipo de pedagogía constitucional se puede hacer cuando se sabe que la Carta Política no se aprueba para el pueblo y por el pueblo sino que, por el contrario, las cláusulas de la Ley Fundamental tienen nombre propio, en otras palabras más simples, normas que se acomodan a las necesidades de quienes tienen el poder de expedirlas? ¿Acaso al pueblo raso le interesa que desaparezca el Consejo de la Judicatura? Y como contentillo se desplaza el poder del juez natural, independiente y soberano, a jueces ad hoc, improvisados, encargados de descongestionar y no de dar a cada cual lo suyo.

Y todo esto lo puede hacer el Congreso porque el pueblo no entiende la democracia y se le educa para competir en el campo laboral y no para ser ciudadanos que participen del ejercicio del poder.