Vivienda digna
“Todos los colombianos tienen derecho a una vivienda digna”. Este mandato figura en la Constitución y promueve esos derechos que la reforma del 91 plasmó señalándole metas a la acción del Estado, a diferencia de aquellos que reconoce y garantiza de manera tajante y sin cortapisas, como el derecho a la vida o al trabajo, que son de aplicación inmediata.
Por esa circunstancia normativa es necesario que se entienda que el programa que el Gobierno ofrece de brindar vivienda a cientos de miles de familias o de fijar planes de financiación adecuados y a largo plazo para el mismo fin, no es una liberalidad sino el cumplimiento del mandato que el artículo 51 de la Carta le impone al Estado. Ahí la razón que desde ya se debe tener en cuenta para que no se intente, en un futuro próximo, pasarle cuenta de cobro al pueblo a nombre de una bandera política. No, esta no es una política de gobierno, es una política de Estado.
La importancia del programa que se promete radica, fundamentalmente en que, como enseña la arquitectura, “la casa es la barrera protectora entre el hombre y el peligro: es el espacio mágico donde el temor se deja afuera de la guarida. La casa debe ser nuestra segunda piel, el refugio acogedor que nos acoja día tras día”.
Y en ese orden de ideas, ahora que, a raíz de los execrables crímenes que la prensa diaria denuncia, se alzan voces pidiendo incrementar penas para los autores de tan reprochables conductas, es preciso enlazar los temas y proyectar soluciones menos guerreras y más científicas para intentar rectificar esa endémica cultura de violencia, implementando acciones que mejoren la salud mental del pueblo.
La vivienda y el urbanismo están íntimamente relacionados con la salud mental. La criminología, ciencia que el país se niega a aplicar, detecta que desde el hacinamiento y la promiscuidad hasta la negación del paisaje, pasando, obvio, por la falta de servicios públicos y otras carencias, son causas criminógenas que inciden notablemente en el descontrol social
En Crimen y castigo, lo advierte Dostoiesvsky cuando describe la habitación de Rodya Raskolnikof; también lo denuncia Víctor Hugo en Los Miserables y en Colombia lo contempla el periodista Gabriel Cabrera en su ensayo acerca de Ciudad Bolívar, el engendro urbanístico de Bogotá.
Lo que el Estado debe promover no es darles a las gentes tugurios para el abrigo. No, se ordena reconocer el derecho a una vivienda digna, esto es, una casa en un ambiente sano que facilite la integración solidaria del ser biológico al ser social, a la persona digna. Pero claro, en tanto y cuanto al hombre se le estratifique y por esa discriminación se le prive de las condiciones mínimas de bienestar, difícilmente podrán depurarse las patologías sociales que ciertos políticos intentan erradicar apelando al Derecho Penal, seguramente para acallar su conciencia y su culpa.