Gómez Méndez

Complació el nombramiento,como ministro de justicia y del derecho, de Alfonso Gómez Méndez, cuyos artículos, en la prensa, se han leído y una de sus inquietudes más interesantes fue la responsabilidad política que debiera institucionalizarse en Colombia.

El nuevo jerarca,en reportaje a María Isabel Rueda, manifestó como prioridad: “Ampliar el ámbito de acción del ministerio en temas como la restitución de tierras, la agencia para la defensa del Estado y la coordinación general de la legislación” y es consciente de los límites derivados del cese relativamente pronto del actual régimen presidencial. Estas líneas se enfocan en dos sentidos: 1) identificar dichos temas y 2) plantear asuntos adicionales sin tener en cuenta los límites insinuados. El primer frente implica el pleno y debido funcionamiento del Consejo de Política Criminal con todos sus miembros titulares, la restitución de tierras y el trato a las víctimas por su gran relieve en el conflicto armado interno, la defensa del Estado al preservar sus finanzas, corregir la desastrosa vigencia de los testigos falsos y sus errados y malintencionados testimonios, penalizar los falsos positivos, avanzar en el uso de las pruebas técnicas y científicas, garantizar la justicia transicional, realizar la aprobación popular de los acuerdos de paz, emprender la revisión del sistema acusatorio, examinar las facultades electorales de las altas cortes y los términos del principio de oportunidad, desarrollar el debate justicia versus paz, etc; son cuestiones un tanto nuevas.

Se sugiere, en un segundogrupo, impulsar la transparencia absoluta en remplazo de las facultades discrecionales del Estado: esta propuesta fracasó con motivo de la Carta Política de 1991, pese al apoyo del Nuevo Liberalismo. Inicialmente se planteó en la ejecución de la política de personal del Estado y el reintegro, al servicio activo, de José Javier Toro Díaz, coronel de la Policía Nacional, puede ser digno de estudio. Otros ejemplos son el cabildeo (lobby) con numerosos fracasos en el trámite legislativo y la fijación de una reglamentación nueva en la conciliación de normas legales y constitucionales. Debe agregarse la eliminación de la congestión en las cárceles y conviene que las sentencias judiciales sean impulsadas por el respectivo sistema y no solo por los medios de comunicación; la gran prioridad judicial debe ser la absolución de los inocentes y, en segundo término, castigar a los culpables.