Guillermo Franco Camacho | El Nuevo Siglo
Sábado, 28 de Noviembre de 2015

SAGITARIO

Travesía

 

“A cerrar camino al clientelismo y politiquería”

 

 

Ojalá las propuestas personales culminen rápido y en los términos concebidos, pero puede ocurrir que se cumplan con alcance parcial pronunciado y al cabo de lapso prolongado en demasía. Así sucede con planteamiento presentado en 1991 a la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) resultante este año, según “Superintendentes podrán durar 4 años en el cargo por pedido de la OCDE” (El Nuevo Siglo, octubre 11); la demora llega  casi a un cuarto de centuria. Se planteó que el Estado abandonara sus facultades discrecionales, las reemplazara por la transparencia absoluta y se sugirió luego la aplicación inicial en la política de personal. La idea se incorporaría en la Carta Política, no fructificó y la apoyó solo el Nuevo Liberalismo.

 

 

El proceso se resumió en “Eliminar la Discrecionalidad” divulgado en Intercambio (Adicomex, Cali, No.42, abril-junio, 1991). Arrancó con “Raciocinio Combinatorio y Moralidad Aparente” (La República, enero 10/91) basado en La Pobreza de las Naciones (Editorial Ariel, Barcelona, 1974), de Gunnar Myrdal, premio Nobel de economía, sociólogo y su idea: la transparencia es un criterio efectivo para atacar la corrupción gubernamental; la Asociación Colombiana de Agentes de Aduana puso la iniciativa en conocimiento de la ANC. Se buscó respaldo institucional porque el Estado le presta atención a las personas jurídicas y no tanto a las naturales. Se citaron antecedentes, por ejemplo, dificultades de funcionarios, incluyendo un abogado conservador vinculado a la Licorera de Boyacá.

 

 

El avance se atribuye a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (0CDE): logró que los Superintendentes de Sociedades, Financiero y Comercio tengan término fijo de cuatro años y pide que, de ser destituidos antes de cumplirse dicho período, el Presidente de la República “exponga las razones”. El procedimiento debiera aplicarse a todos los servidores públicos y lo obtenido significa progreso respecto al pedido formulado a la ANC en 1991, pero se desconoce el raciocinio del Gobierno Nacional en lo legal y/o constitucional.

 

 

Falta cerrarle el camino al clientelismo, politiquería, oportunismo y táctica políticos, decisiones basadas solo en imagen, seudomoralidad y descuido u omisión en la investigación de los hechos con fundamento técnico y científico y se formula la siguiente predicción con sustento en la evidencia empírica: la consecución plena de transparencia requiere un proceso de muy largo plazo y, con impulso internacional, en el ángulo específico planteado.