HORACIO GÓMEZ ARISTIZÁBAL | El Nuevo Siglo
Lunes, 10 de Septiembre de 2012

El Fiscal General

 

En mis libros sobre temas jurídicos he repetido: “No existen crímenes perfectos, sino investigaciones imperfectas”. Delito que no se aclare en las primeras 24 horas de su ejecución está llamado al fracaso. Después de ocurrido el crimen suceden mil cosas y se presentan todas las posibilidades de manipular la investigación. Los que presenciaron el episodio pueden ser amenazados si declaran; el soborno ocurre con frecuencia. El mismo testigo puede distorsionar los hechos por interés, fallas mentales o físicas y también por indolencia.

En una lectura de un ensayo mío sobre “el testimonio”, no recuerdo si estaba presente el fiscal general Eduardo Montealegre, expresé: ‘Según Bentham, los testigos son los ojos y los oídos de la justicia’… La declaración juramentada de una persona en una investigación no siempre merece absoluta credibilidad. El ser humano, por muchos motivos puede mentir… Lo impulsa la simpatía, el odio, la conveniencia. Su actitud ante la víctima o el victimario, la posición política, religiosa, económica del acusado o del ofendido… ¿Y qué decir de la perfidia y de la perversidad humana?... Un buen porcentaje de testigos fallan por sus condiciones psíquicas y mentales. Estos y otros elementos puede contaminar la prueba testifical en su fuente subjetiva. De igual manera hay que tener en cuenta las desviaciones perceptivas; las deformaciones memorísticas, los efectos del olvido, la autosugestión. Por lo expresado se falsea el episodio o se silencia con sutileza lo esencial… Lo más grave en este asunto es la idoneidad de la mayoría de nuestros jóvenes investigadores. La universidad colombiana forma falladores, más que investigadores. El gran investigador estilo FBI nace, y se hace y muere investigando con maestría casos complejos. El recién graduado nuestro se inicia investigando, pero su propósito es saltar a otro cargo con mejor sueldo. En el país se denuncia sólo un 60% de los delitos cometidos. Y de éstos, el 90% termina con excarcelaciones por multitud de causas. Quien comete una violación legal tiene 90 probabilidades de que no le va a pasar nada.

En el caso de Sigifredo López, el diputado del Valle, el investigador fracasó por no rastrear y acudir a pruebas de control para verificar la veracidad de los testimonios. A veces se piensa que proceso sin preso es un fracaso y hay que buscar “un culpable”, “no al culpable”. A la Fiscalía, según El Tiempo, la han condenado a pagar  $ 500.000 millones por encarcelamientos injustos. Y si esto es verdad, ¿han sido sancionados los fiscales autores de estos errores? ¿Será auténtico aquello de que la tarea de investigar entró en crisis? El doctor Montealegre con responsabilidad habla de sancionar a los que propician sentencias ilegales. ¿Y el funcionario que por falta de idoneidad encarcela, imputa, enloda y destruye a ciudadanos inocentes, no debe ser investigado y si se encuentra responsable sancionado?

Claro que entregar recompensas a los testigos cooperantes ha dado buenos resultados. Rebajar años de cárcel a los que hacen aportes en las averiguaciones es política criminal en muchos países. Pero un buen fiscal, o un calificado magistrado, jamás pueden tragar entero. Esto es elemental. Si en lo religioso salva la fe, en el ámbito criminal la desconfianza es más segura.

Después de la prueba técnica a favor de Sigifredo López, la Fiscalía acudió a testigos dudosos para prolongar una detención injusta. Una arbitrariedad contra un inocente configura una amenaza contra toda la ciudadanía. Desde Roma se reitera: “Mejor 100 culpables libres, que un inocente encarcelado”. Vigilemos a los falsarios y también a los funcionarios inidóneos.