Invasiones bárbaras

En entrevista con un periódico de circulación nacional, tal como se exige para la publicación de un edicto, un asesor de un expresidente que tiene a la mayoría de sus alfiles procesados, en la cárcel, o a punto de ser llamados a tan incómodo recinto, le notifica al país que esa facción política entiende que la reciente orden de captura emitida en contra del siquiatra Luis Carlos Restrepo es ilegítima y que el ahora prófugo “tarde o temprano, retornará al poder con Álvaro Uribe y con toda la organización (…)”.
La notificación del entrevistado no deja de ser en extremo preocupante para la administración de justicia que opera en un país democrático que se caracteriza, entre otras cosas, por la separación de poderes y por la independencia y autonomía de los jueces de la República.
Que una organización política estime una orden de captura contra uno de sus miembros como ilegítima es en extremo peligroso, porque pone a los funcionarios judiciales que la emitieron en la mira de los radicales que comparten ese credo político y envía el equivocado mensaje de la existencia de ciudadanos excluidos del imperio de la ley cuyos actos no pueden indagarse penalmente so pena de que toda investigación sea automáticamente descalificada como una “venganza criminal”.
Más grave aún es cuando esas descalificaciones provienen de personas que conocen el funcionamiento del ordenamiento jurídico nacional y por eso saben que en Colombia, en la actualidad, las funciones de investigación y juzgamiento están claramente diferenciadas institucional y funcionalmente, de modo que aunque la Fiscalía actúe como parte, no puede hacer otra cosa que acudir ante los jueces a demostrar la necesidad de cualquier orden restrictiva de un derecho fundamental, que en todo caso están sometidas a los recursos legales correspondientes, pero, sobre todo, al escrutinio de la opinión, pues todo debe hacerse en audiencias públicas.
Sin embargo, no sorprende la actuación del jefe natural de esa organización política y menos aún la de sus ideólogos, pues durante los ocho años que duraron en el poder no hicieron más que maltratar a jueces y magistrados, declarando la administración de justicia como objetivo político. De modo que su declaración de guerra de ahora contra jueces y fiscales no es sino la prolongación como particulares de lo que hicieron como oficiales del Gobierno nacional.
Y tampoco sorprende que planeen regresar al poder, pero asusta que su probable plan de gobierno incluya la intención manifiesta de desconocer cualquier medida que la administración de justicia adopte en contra de Luis Carlos Restrepo para regresarle las responsabilidades públicas que alguna vez tuvo.
Claro que parece que de todas esas intenciones de ese buen muchacho que concedió aquella entrevista, el excomisionado solo podrá enterarse por vía telepática, que es como dijo aquel que se comunicaba con éste.
Leyendo esa entrevista y los trinos del jefe, creo que no es descabellado pensar que Restrepo no está huyendo de la Justicia sino de esos que se dicen sus amigos. Y eso es más que justificable.