El cambio

Por fin, después de muchas peticiones de diversos comentaristas públicos y de los graves acontecimientos suscitados alrededor del “paro nacional agrario”, el Presidente de la República decidió airear el Gobierno a través del cambio de algunos miembros de su gabinete. Como en la famosa frase referida a los manicomios, no están todos los que son y, sobre todo, no se fueron todos los que debían hacerlo. Sin embargo, hay cambios esperados y obvios como el del ministro de Minas o el de Interior, a quienes era evidente que el cargo les había quedado más que grande.

En Justicia el cambio significó la salida de la exconsejera de Estado Ruth Stella Correa y el ingreso del exfiscal y exprocurador Alfonso Gómez Méndez. Más allá de las necesidades políticas del Presidente para operar el cambio en esa cartera, asignársela a Gómez parece una muy buena idea. La Rama Judicial sigue teniendo en el Gobierno un interlocutor válido, cercano y conocedor de su problemática. El nuevo ministro tiene una dilatada carrera en el sector justicia, desde su juventud en los juzgados hasta su madurez en la Fiscalía General de la Nación, pasando por la Procuraduría General.

Ahora que vuelven a oírse voces de sectores interesados en meterle mano a la independencia y autonomía de los jueces, o de restarles poder a las Cortes o incluso de desaparecer al Consejo Superior de la Judicatura, resulta conveniente la presencia en el Ministerio de Justicia de una persona que tiene el suficiente conocimiento de lo que significan las luchas históricas de la Rama Judicial por obtener independencia administrativa y presupuestal.

Tal vez ahora parezca lejana, pero no lo es tanto, la época aquélla en que los jueces tenían que andar mendigando desde una resma de papel para escribir sus providencias, hasta su salario, frente a los pagadores del Fondo Rotatorio del Ministerio de Justicia. Muchos paros y protestas tuvieron como origen el trato infame que desde el Ejecutivo se le daba a la Rama. La propia tragedia del Palacio de Justicia tiene, entre otras causas, el descarado abandono que el Ejecutivo hizo de las tareas de vigilancia y custodia, tal como lo demostró en un debate el entonces representante a la Cámara Gómez Méndez. O como después lo reiteró su Procuraduría cuando impuso sanciones, por las que lo lincharon política y mediáticamente, a comandantes militares participantes en la retoma.

Tantas tragedias juntas de los jueces originaron la gran reforma de la Constitución de 1991 y la creación de la Sala Administrativa del Consejo Superior como órgano máximo de administración autónomo y con origen propio. Ese es el principio de la anhelada independencia, pero su verdadera autonomía que es la presupuestal, aún está lejos de lograrse.

No parece extraño que Ministro y Sala Administrativa puedan hacer una alianza estratégica que permita el mejoramiento del servicio público de administración de justicia. Al fin y al cabo, si este gobierno está tan comprometido con la paz, como pregona, debe poner en práctica el lema del Departamento de Justicia estadounidense: “Si amas la paz, trabaja por la justicia”.

@Quinternatte