Locos y culpables

En Colombia, donde casi nada nos horroriza, por cuenta del horror en el que siempre hemos vivido, acaba de ocurrir una espantosa tragedia que ha conmovido a casi todo el país. En Fusagasugá, una pequeña ciudad del suroccidente cundinamarqués, un energúmeno, al parecer bajo el efecto de drogas psicoactivas, mató a palos a un niño de ¡18 meses!
El asesino capturado y puesto a disposición de la Fiscalía, al parecer, según ha alegado su defensor, padece problemas mentales, lo que es apenas obvio, pues tiene que ser, como decía el Código Civil en una norma declarada inexequible, un “loco furioso” el que la emprende a palos y golpes contra una indefensa criatura desconocida.
No deja de ser una coincidencia de esas trágicas, que en la misma semana en que un supuesto enfermo mental causa semejante tragedia, se conozcan protestas del personal médico especializado en salud mental y psiquiatría por la desatención en que la reciente actualización del POS dejó a la mayoría de los pacientes mentales y la abrupta ruptura que desde el 1 de enero de 2012 han sufrido todos los programas de atención en salud mental que se trasladaron del Régimen Subsidiado al Contributivo.
Si la salud pública ha tenido problemas de sostenibilidad, de eficiencia y de atención, la salud mental es la cenicienta de esa red de atención pública, pues para el Estado los problemas de esa naturaleza no tienen ninguna prioridad. Si se atiende a las cifras que los psiquiatras manejan sobre afecciones a la salud mental que señalan un porcentaje de 25% de la población nacional que padece alguna patología asociada a esa problemática, no deja de ser grave la desatención en que los sucesivos gobiernos han mantenido ese tema.
Cuántos enfermos mentales agresivos y eventualmente peligrosos deambulan por las calles de ciudades y poblados, sin que el Estado tenga ninguna política para su tratamiento, control o internamiento hospitalario, conforme a su patología. Y algo peor, cuántos de esos enfermos mentales están dentro de las propias familias a punto de causar tragedias, peores o iguales que la de Fusagasugá.
Dudo mucho del equilibrio mental de esas madres que son capaces de quemar las manos a sus hijos por haberse tomado un yogurt o gastado mil o dos mil pesos; o las de esos padres que al menor descuido de las madres, o incluso con la complicidad de ellas, abusan sexualmente de sus hijos o hijastros. O peor, de esos que en su sano juicio y aparentemente muy cuerdos terminan golpeando niños hasta matarlos, tal como, cada vez con más frecuencia, lo informan los medios de comunicación.
¿Cuántas tragedias más como la de Fusagasugá van a tener que ocurrir antes de que el Estado decida diseñar y poner en práctica una política de salud mental, no sólo curativa -o paliativa- sino sobre todo preventiva? Ya es hora de que el Gobierno nacional les ponga cuidado a todos esos millones de enfermos mentales anónimos y sobre todo pobres y no sólo a los que andan trinando como “locos” por Twitter.
@quinternatte